“Desde marzo del 2022 hasta junio del 2023 hemos registrado 223 víctimas de desplazamiento forzado interno, insisto, eso se refiere a un movilización que se ha dado en una persona o grupo familiar provocado por un hecho de violencia o una amenaza que le impide mantenerse en su lugar de vivienda...provocado por agentes del Estado”, aseguró la vocera del Servicio Social Pasionista, Veronica Reyna.
Según los datos recogidos por los tres organismos, el 87.4 % de las víctimas tuvo que iniciar un éxodo a causa de agentes de la PNC, el 5.4 % la Fuerza Armada, un 3.6 % por un conjunto de policías y militares, el 2.7 % por agentes policiales y pandilleros, y el 0.4 % por otros agentes estatales.
Aseguró que en la mayoría de los casos, las víctimas son personas adultas, mayores de 60 años, seguido de personas adultas desde los 31 a 50 años de edad.
“Hay un dato significativo de niños y niñas y de jóvenes entre los 19 y 30 años que también se han visto afectados por el desplazamiento interno provocado por agentes estatales”, sostuvo Reyna.
Agregó que la mayoría de las víctimas son del género femenino, siendo el 42.2 % , la población masculina de 27.8 %, y un 30 % que no se logró identificar.
Entre los casos, hay nueve víctimas quienes indicaron padecer de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades en las vías respiratorias, leucemia y escabiosis, y dos con discapacidad física y cognitiva. Los casos se concentraron en San Salvador, La Libertad y Sonsonate, mayormente.
En cuanto al tipo de agresión que han originado los desplazamientos forzados, el informe asegura que son las amenazas con detenciones o detenciones arbitrarias por parte de la PNC, así como agresiones de tipo vigilancia, amedrentamiento, detención de algún familiar.
El informe destaca que la mayoría, un 51 % si denunció los hechos, las denuncias se interpusieron ante la Procuraduría General de la República, seguido de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En instituciones como la Policía Nacional Civil solo un 2.2 % lo hizo, ante la Fiscalía General de la República solo el 3.1 % y ante la Inspectoría General de Seguridad Pública el 0.9 %.