Siete organizaciones de al sociedad civil registraron que desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo del 2022 hasta el 15 de marzo del 2024, recibieron 6,305 denuncias por violaciones a derechos humanos, que se traducen en 16,289 hechos o afectaciones.

Detallan que las denuncias más recibidas corresponden a las detenciones arbitrarias o ilegales que suman más de 5,931 casos.

“Un poco más de 5,000 denuncias se registraron en el primer año del régimen de excepción, y 1,223 durante el segundo... ¿cuáles son las características de las víctimas? Persiste la criminalización particularmente de la juventud, vemos con mucha preocupación de la criminalización de jóvenes en sectores empobrecidos y estigmatizados, por su puesto que lo convierte en el primer blanco para las detenciones, con más de 50 % de las detenciones de personas, entre 19 a 30 años”.
Rina Monti,
Investigadora de Cristosal.


Añadió que también tienen 5,470 casos de denuncias de violaciones al debido proceso, 1,779 por allanamiento de morada, 814 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 304 casos de hostigamiento.

Agregan que también hay denuncias sobre desaparición forzada confinamiento, discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, acoso sexual, abuso y violaciones sexuales.

Afirman que el 78.38 % de las víctimas son hombres, el 15.08 % son mujeres y el 2.1 % son víctimas de la comunidad LGBTI.

“La característica de los agentes estatales señalados, que serían las victimarios en este caso, persiste en gran parte de los registros que los victimarios siguen siendo agentes de la Policía Nacional Civil, sin embargo, persisten casos de detenciones realizadas en conjunto con la Fuerza Armada”, explicó Monti.

Verónica Reyna del Servicio Social Pasionista explicó que las organizaciones registran la muerte de reos bajo custodia de 244 en los dos años del régimen.

Reyna detalló que 226 reos eran hombres y 16 eran mujeres, la mayoría registran que murieron por causas como muertes violentas, sospechas de muerte violenta, causas naturales, accidentes y otras que no se han identificado la causa de la muerte.

La muerte de reos bajo custodia estatal han ocurrido en los penales La Esperanza, mejor conocido como Mariona y el penal Izalco, en Sonsonate.

“En estos casos se identificaron como ya se ha señalado, fracturas, golpes, heridas, que identificaban que la persona sufrió algún tipo de tortura previo a la muerte”, aseguró Reyna.

Ayer, un informe del Socorro Jurídico Humanitario enlistó a 239 reos capturados bajo el régimen de excepción, que murieron bajo custodia estatal, la mayoría con signos de tortura.

Criminalización

Las organizaciones también explicaron que dentro del informe se han identificado casos que “preocupan” porque se podría entender que el régimen se utiliza para criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y líderes comunitarios.

“Se han identificado ciertos patrones que pueden o podrían llevar a la instrumentalización del sistema de justicia para callar voces, incluyendo periodistas y personas defensores, en este sentido se han documentado casos de detenciones de personas defensores de diferentes sectores, incluye defensores ambientalistas, sindicalistas, líderes comunitarios y personas defensores d ella derechos LGBTI", aseguraron las organizaciones.

Aseguran que hasta la fecha suman 34 personas defensores a derechos humanos han sido detenidos, de ellos 23 casos son contra mujeres.

Las organizaciones insistieron en su informe al Estado Estado salvadoreño para que derogue el régimen decepción, ya que aseguran que la medida ha excedido su temporalidad. También pidieron que se derogue las reformas regresiva hace en materia penal procesal penal que se han aprobado en el contexto del régimen.

“Implementación urgente de acciones para acelerar los procesos judiciales pendientes, así como la priorización de medidas alternativas a la detención, cumpliendo con obligaciones constitucionales de rehabilitación e inserción de personas privadas de libertad”, es una de las recomendaciones que las organizaciones hacen al Estado salvadoreño.

El informe contempla las estadísticas de las organizaciones como Cristosal, Azul Originario, Servicio Social Pasionista, la Red Salvadoreña de Defensoras, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, la Asociación Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica AMATE El Salvador (AMATE) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).