"Consideraron que se había valorado erróneamente la prueba por parte del Tribunal de Sentencia, un problema de sana crítica", confirmó el abogado defensor, David Ramírez.
La fecha de la repetición del juicio está programada para la segunda semana de noviembre de este año.
"Mantenernos en la misma estrategia de determinar que los fondos fueron obtenidos fueron de actividades económicas legalmente establecidas en Estados Unidos y Perú, y que la trazabilidad de esos fondos cuestionados habían sido totalmente lícitas", es lo se buscará probar nuevamente, aseguró el abogado Ramírez.
Los ocho miembros de la familia que fueron absueltos por el Tribunal Tercero de Sentencia, pero que volverán a ser procesados son: Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya Márquez, María Verónica Rodríguez de Flores, Rosa Batres Viuda de Flores, Sandra Yasmín Flores de Salvador, Rosa Delmy Amaya Márquez, María Brígida Márquez y Jesús Anabel Flores Batres.
La Fiscalía mantiene la acusación del proceso que lleva más de diez de años, donde indican que Jaime Adalberto Flores Batres era el líder de la supuesta estructura que lavó $12 millones, ya que habría girado parte de sus ingresos obtenidos en Estados Unidos entre 2004 y 2009, a su madre Rosa Batres Flores viuda de Flores en El Salvador para que los colocara en depósitos bancarios a plazos y así ganar intereses.
Además, que viajó a Perú donde creó una constructora que entre 2010 y 2013, que le generó ingresos por $4,693,140.79, dinero que luego lo remesó al país. El 5 de julio de 2012, cuando Jaime Adalberto Flores Batres viajaba a Perú con $196,500 en efectivo en su equipaje, los agentes policiales lo detuvieron y señalaron por lavado.
Acusación que fue desestimada por el Tribunal Tercero de Sentencia, luego que el juez concluyó que la Fiscalía no logró determinar un indicio que el dinero que era transferido entre cuentas de la familia Flores Batres provenía de origen ilícito e incluso señaló que el peritaje propuesto por la sede fiscal se contradijo al decir que no se tenía la disponibilidad financiera para tener ese capital, cambiando sus conclusiones a decir que era de origen lícito proveniente de Estados Unidos y Perú.