La Fiscalía General de la República ha sido notificada por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro que, de acuerdo a las razones expuestas por la parte fiscal, ha resuelto revocar el sobreseimiento definitivo otorgado a Bertha De León”. Tuit de la FGR.
El pasado 24 de noviembre, el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador sobreseyó a la abogada por el delito de desobediencia a particulares, en perjuicio de una menor.
Desde un inicio que se presentó la acusación, la Fiscalía dijo que el caso tenía reserva total y que no se brindarían mayores detalles del proceso.
En la acusación, la Fiscalía había solicitado al Juzgado Noveno de Paz que continuara el proceso en contra de la abogada De León, pero en libertad.
#FGRInforma | La @FGR_SV ha sido notificada por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro que, de acuerdo a las razones expuestas por la parte fiscal, ha resuelto revocar el sobreseimiento definitivo otorgado a Bertha De León. pic.twitter.com/pMr59zkgFq
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 11, 2022
Los magistrados que resolvieron revocar el sobreseimiento a Bertha Deleón tomaron posesión el pasado 27 de septiembre del 2021, luego que la Corte Suprema de Justicia aplicara el decreto legislativo 144, con el que los diputados cesaron a los jueces mayores de 60 años de edad, y aquellos que tuvieran más de 30 años en la judicatura.
Los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal son Carlos Alberto Iraheta y José Manuel Chévez López.
Los procesos
La abogada Bertha María De León es víctima en otro proceso en el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia, contra el exdiputado de Arena, Walter Araujo, por el delito expresiones de violencia y discriminación contra la mujer.De León denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que era víctima de seguimientos por parte de terceros en automóviles y motocicletas sin placas, vigilancia de drones, y hostigamientos, especialmente de "ataques" en redes sociales de personas a fines del gobierno.
Las organizaciones señalaron que equivaldría a "ciberacoso", con relevante tenor sexista, e incluso participación de altas autoridades estatales del poder ejecutivo.
La CIDH solicitó al Estado de El Salvador que adoptara “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la señora Bertha María Deleón Gutiérrez, a la luz de una perspectiva de género, de forma que ella pueda seguir desempeñando sus labores como defensora de derechos humanos sin que sea objeto de amenazas, intimidación, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de esta”.