Los abogados de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) solicitaron el amparo el 24 de noviembre de 2022, donde reclamaron que la Fiscalía General de la República no ha investigado la desaparición y que la Asamblea Legislativa ha omitido una normativa “que contribuya a hacer eficiente el proceso de ubicación o identificación de una persona desaparecida, y para garantizar apoyo psicosocial al grupo familiar de quien ha sido la víctima”.
“La admisión se fundamenta en el hecho de que, según exponen los abogados de los actores, en once años la FGR no ha realizado una investigación eficiente que permita ubicar al joven y determinar a los responsables de su desaparición”, dice la resolución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, impuestos el 1 de mayo de 2021, por la Asamblea Legislativa que tomaba posición ese día.
Los abogados plantearon que la falta de investigación del caso ha permitido la vulneración del derecho a la protección para la conservación y defensa de los derechos, el derecho a la protección familiar, el derecho de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad.
Por ello, los demandantes -en nombre de la madre del joven- habían pedido a la Sala de lo Constitucional que ordenara a la Fiscalía realizar investigaciones diligentes sobre el caso y que ordene al Ministerio de Salud que proporcione atención a la familia, como medida cautelar, pero fueron negadas.
“Los planteamientos de los abogados de la parte actora no reflejan una afectación a los derechos de protección en la conservación y defensa de los derechos y a la protección familiar de su patrocinada; más bien aquellos se centran en señalar aspectos generales y abstractos, sin poder evidenciar el posible agravio de trascendencia constitucional a su patrocinada, por lo que tales alegatos tendrán que ser rechazados”, resolvieron los magistrados en la admisión.
Y agregaron: “Precisamente, los argumentos plasmados en su demanda, en definitiva, se reducen a la posible falta de diligencia del ente público fiscal en la investigación de la desaparición del entonces menor”.
La desaparición de Josué.
El 4 de junio de 2011, Josué fue al negocio familiar desde la madrugada y ya no volvió a casa, en Santa Ana.Sus padres fueron a la delegación de la Policía Nacional Civil en Santa Ana a reportar la desaparición, pero no se tomó la denuncia “restando importancia a los hechos”.
El día siguiente, los padres volvieron a la delegación y ante la insistencia, el agente aceptó tomarles la denuncia. “Ante la indiferencia mostrada por los agentes de la PNC, los señores se presentaron a la oficina regional de Santa Ana de la Fiscalía General de la República para denunciar la desaparición de su hijo, la cual le fu registrada bajo la referencia 979-UDCV-2011”.
La demanda dice que han pasado 11 años desde la denuncia por la desaparición “y no existen avances en la investigación, pues la FGR no ha realizado ninguna diligencia que permita individualizar a los autores de la desaparición ni ha logrado ubicar el paradero del joven con o sin vida”.
La familia ha acudido a morges, fosas clandestinas, al Instituto de Medicina Legal, en búsqueda de alguna pista de Josué, sin ningún resultado.
Una puerta.
Para Fespad, la admisión del amparo -aunque parcial- abre una posibilidad que otros casos de desaparecidos sean presentados ante la Sala de lo Constitucional “en caso de no obtener una respuesta, por parte de las autoridades competentes.“Consideramos que la decisión tomada por la Sala de lo Constitucional debe ser vista como un llamado de atención para realizar esfuerzos inter institucionales tendientes a mejorar los procesos de investigación y ubicación de las víctimas de desaparición”, afirma Fespad.
El tema de las desapariciones ha sido poco tocado por las autoridades seguridad del actual Gobierno. El último informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas indicó que la Fiscalía General de la República respondió que la información sobre datos estadísticos de las víctimas de privación de libertad y el número de casos donde se ha activado el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador (PAU), no existe.
Entre 2019 y marzo de 2022, la Fiscalía dijo en el Comité Contra la Tortura (CAT) que tenían 551 desaparición de personas registrados, y desde abril hasta septiembre de 2022, fueron 212 desaparecidos.
3 datos que debes de conocer
1.- Parcial
La admisión de la demanda de amparo fue parcial, porque la Sala no admitió las quejas contra la Asamblea Legislativa ni las medidas cautelares.
2.- Reserva
La Fiscalía dijo al observatorio de la UCA que los datos de desaparecidos no existen. La Policía reservó todos los detalles de las desapariciones.
3.- CAT
Al Comité Contra la Tortura, la Fiscalía dijo que desde abril hasta septiembre de 2022 iban 212 desaparecidos.