Migración y Extranjería de El Salvador ha informado sobre las afectaciones que están teniendo los viajeros que intentan salir o entrar a El Salvador desde o rumbo a Guatemala, debido a los cierres de calles y protestas en el interior del vecino país.

Entre las fronteras donde se han reportado afectaciones está la frontera San Cristóbal, del departamento de Santa Ana, ya que el paso está bloqueado desde el sábado 7 de octubre, del lado de Guatemala, específicamente en el cruce de La Arenera a 22 kilómetros del punto fronterizo.

También el tránsito por la frontera La Hachadura, en Ahuachapán, está siendo afectado, ya que a la altura del kilómetro 115 del municipio de Chiquimulilla, del departamento de Santa Rosa que conduce hacia el punto fronterizo está cerrado desde el pasado 4 de octubre.

“Estudiantes universitarios toman la carrera que conduce a la frontera de Pedro de Alvarado que limita con El Salvador...El paso vehicular se habilitará cada dos horas, según indicaron”, informaron medios guatemaltecos.

El paso sobre la aduana de Anguiatú también está bloqueado del lado de Guatemala, por cierre de calles en ambos sentidos, así mismo, el paso por la frontera Valle Nuevo o Las Chinamas, según reportes de usuarios en redes sociales que dicen han tenido que esperar largas horas para poder pasar.

Para mañana lunes también en redes sociales han anunciado el bloqueo de la Carretera a El Salvador, específicamente a la altura del kilómetro 16.5 , desde las 6:00 de la mañana.

Los bloqueos de carretera en Guatemala suman más de 80, según informes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial de Guatemala.

¿Por qué los cierres de calles y protestas?

Las protestas y bloqueos de carreteras ya suman siete días consecutivos, como parte de medidas de presión de la población guatemalteca para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

La razón para exigir la renuncia de la Fiscal General, es que la acusan de interferir en el proceso electoral y dar un “golpe de Estado” al ganador de las elecciones en agosto, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.

Arévalo, de 64 años, ganó sorpresivamente las elecciones en segunda vuelta el 20 de agosto ante la exprimera dama Sandra Torres, cercana aliada del gobierno.

Pero desde la primera ronda electoral, en junio, la fiscal general, apoyada por el jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana -los tres incluidos en una lista de dirigentes guatemaltecos “corruptos” y “antidemocráticos” elaborada por Estados Unidos- emprendieron una serie de acciones contra Arévalo y su partido político, Semilla.

El juez Orellana, a pedido de Curruchiche, inhabilitó a Semilla por presuntas ilegalidades en su conformación en 2017, una medida que puede cobrar vigencia el 31 de octubre.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC), máximo tribunal, ordenó el sábado garantizar la toma del poder del presidente electo, Bernardo Arévalo.

Su resolución fue en respuesta a un recurso legal promovido por diez abogados de la sociedad civil, que aseguraron que existe una “amenaza de que no se respete la voluntad popular válidamente expresada por el pueblo de Guatemala”.