Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de expresidente de la república, fue enviado a juicio ayer por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, supuestamente, por haber recibido sobresueldos durante los años 2009 y 2014.

Junto a él, también fueron enviados a juicio el exministro de Seguridad, Manuel Melgar; la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), José Guillermo López Suárez; y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Todos ellos en calidad de procesados ausentes.

El único procesado presente que fue enviado a juicio es el exministro de Trabajo, Calixto Mejía, quien hace unas semanas aún permanecía en prisión.

Además, cuatro exfuncionarios fueron condenados a tres años de cárcel por los mismos delitos, pero la pena será reemplazada por trabajo de utilidad pública.

La exviceministra de Salud, Violeta Menjívar; la exviceministra de Educación, Erlinda Hándal; el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; y el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, fueron los cuatro exfuncionarios condenados, tras someterse a un proceso de juicio abreviado, donde acordaron la pena con la Fiscalía General de la República, y posteriormente fue avalada por el juzgado.

La exviceministra de Salud, Violeta Menjívar, agradeció a las organizaciones sociales que la respaldaron en el proceso y afirmó que lo más importante para ella es haber recuperado su libertad. “Voy como siempre con mi frente en alto”, aseguró a los periodistas.

Según el abogado Miguel Girón, los cuatro condenados tuvieron que devolver el monto imputado de los sobresueldos, pero la abogada de Menjívar señaló que el dato no podía darse porque el proceso tiene reserva.

Trato desigual.

Tras invocar el artículo tres de la Constitución de la República, que evoca el principio de igualdad, el exministro de Trabajo, Calixto Mejía, aseguró que ha sido él unico de los cinco capturados a quien no se le otorgó un juicio abreviado, aún cuando lo solicitó junto a los otros cuatro exfuncionarios que ayer fueron condenados.

“Soy el único de los cinco capturados que se me ha mantenido ilegamelmente preso durante 90 días, soy el único de los cinco que, a pesar de mis enfermedades, no se me ha otorgado el proceso abreviado y soy el único de los cinco capturados el mismo día, al que pasan a juicio, es decir se me está tratando de manera desigual ante la ley”, aseguró Mejía.

Los 10 fueron acusados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos, bajo la premisa fiscal que consiste en que el dinero de los sobresueldos, salía supuestamente de la partida secreta de Casa Presidencial, transferidos desde el ministerio de Hacienda a la Presidencia, sin el aval de la Asamblea Legislativa, entre 2009 y 2014, en la administración de Mauricio Funes, por un monto total de $2,673,000.