Según la información compartida por Centros Judiciales, en la lectura del fallo se determinó que Bonilla Fernández abusó de su cargo como empleado en un centro penal, donde laboraba como cocinero, para exigir dinero a la familia de un recluso a cambio de agilizar la liberación del reo.
La víctima declaró que, desde el 29 de febrero de 2024, el ahora condenado le exigió $2,500 a través de mensajes y llamadas de WhatsApp, advirtiéndole que, de no entregar el dinero, trasladarían a su familiar a otro penal “donde le harían daño”.
Sin embargo, el procesado aceptó un pago inicial de $1,500, acuerdo que quedó evidenciado en las conversaciones de texto, como parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
El 7 de marzo, bajo un operativo policial, la víctima entregó el dinero en un supermercado en Mejicanos, San Salvador. Tras la transacción, Bonilla fue identificado y se le incautó el dinero de la víctima.