El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador suspendió ayer la referida audiencia preliminar contra Reyes Morales, y lo volvió a programar hasta octubre, para hacer las gestiones consulares para que Reyes pueda ejercer su defensa material desde México, donde vive bajo "asilo político".
Sin embargo, la audiencia también se suspendió porque un abogado del caso tenía una audiencia en otro tribunal, razón por la que no podía comparecer. Sigfrido Reyes es procesado por el delito de lavado de dinero y activos de $5.4 millones.
"Se deja sin efecto la reprogramación de la audiencia preliminar señalada para las 11:00 de año mañana del 27 de mayo, y se reprograma para las 9:00 de la mañana del 14 de octubre al 25 de octubre de 2024", dice la notificación del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador a la que Diario El Mundo tuvo acceso.
El juzgador justificó que la reprogramación sea hasta octubre, ya que la Dirección de Asuntos Legales Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR) debe de gestionar que la audiencia preliminar se haga bajo la modalidad virtual en la Embajada de El Salvador, con sede en los Estados Unidos Mexicanos.
"A efectos que sí Sigfrido Reyes, quien consta en en la carpeta judicial, que tiene la calidad de asilado político en dicho país, desee hacer uso de su derechos de defensa material, comparezca a la embajada de El Salvador, con sede en dicho país, los días y horas señaladas para la celebración de la audiencia preliminar", argumentó el juez del Segundo de Instrucción.
Agregó que las diligencias de esta índole requieren de mucho tiempo, porque son gestiones entre instituciones a nivel nacional e internacional.
¿Por qué se le procesa?
La acusación en contra del exdiputado Reyes es por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos, estafa agravada, por supuestamente haberse apropiado de $106,000 a través del cobro de viáticos de unos 56 viajes, y supuestas misiones oficiales en la Asamblea Legislativa, y la estafa de cinco terrenos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, en el periodo del 2006 al 2019, cuando fungió como diputado y presidente de la Asamblea Legislativa.Sin embargo, también es acusado de lavado cerca de $472,000 según pericias financieras contables hechas en este proceso judicial.
La Fiscalía acusa a Reyes de utilizar a las sociedades Terrein S.A. de C.V., Eko Lime S.A. de C.V. y Lubbex S.A. de C.V., constituidas entre 2011 y 2015 con el único fin de dar apariencia de legalidad a los fondos que obtuvo.
En el caso son procesados también el hermano de Reyes, Earle Reyes Morales, el exasesor y exsocio Byron Enrique Larrazábal, además tres exempleados de la Corte de Cuentas: Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Yanira Ruiz, tres empleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA): el gerente general, René Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vega Jiménez y Jenny Medina. Todos los acusados se encuentran en libertad condicional, cumpliendo medidas alternas a la prisión, excepto el hermano del exdiputado Reyes.
El expresidente de la Asamblea Legislativa enfrenta el proceso de forma ausente. Desde marzo del 2020, el Gobierno de México le otorgó el asilo político, y por tanto, a pesar de tener orden de captura internacional no puede ser capturado ni extraditado.