El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador exoneró penalmente al coronel Francisco Elena Fuentes, quien fue acusado en el proceso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989.

Según el juez, la exoneración solo fue por los delitos de hurto calificado, asesinato en grado de coautoría, actos de terrorismo, proposición, actos preparatorios en actos de terrorismo, tipificados en el Código Penal de 1973, pero no lo absolvió de la responsabilidad civil.

Elena Fuentes fue exonerado luego que sus abogados presentaran la carta de su defunción, que ocurrió el pasado 10 de enero del 2022, a causa de un padecimiento cerebral.


Él fue uno de los 17 militares a quien el juez español, Eloy Velasco, giró orden de captura por la muerte de cinco sacerdotes jesuitas españoles, pero las extradiciones fueron negadas por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

Al momento de la masacre de la UCA, Elena Fuentes era comandante de la Primera Brigada de Infantería en San Salvador y según The Center for Justice and Accountability, estuvo el 15 de noviembre de 1989 entre los que planearon el asesinato de los sacerdotes jesuitas.

Por causa de muerte, la Fiscalía también pidió que se exonere al general René Emilio Ponce, quien falleció el 2 de mayo del 2011, en el hospital Militar, de San Salvador, debido a una aneurisma de aorta, y una infección que le provocó un coma.

Cuando ocurrió la masacre, Ponce era jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y el Informe de la Verdad lo señala de ser quien dio la orden de asesinar a los jesuitas, sin dejar testigos.


Inicia audiencia
Este jueves, en la audiencia inicial del caso jesuita también se presentó el mayor Camilo Hernández Barahona, quien es acusado del delito encubrimiento y fraude procesal, tipificado en el Código Penal antiguo.

A la intimación solo se presentó el general Juan Rafael Bustillo Toledo, quien era el jefe de la Fuerza Aérea, al momento de la masacre.

El resto de los imputados han enviado a sus abogados, a excepción del expresidente Alfredo Cristiani, el exasesor jurídico del Estado Mayor y miembro Civil de la Comisión de Honor, y tampoco el coronel Inocente Montano, quien cumple una pena de 133 años de cárcel en España, por el asesinato de los cinco sacerdotes jesuitas españoles: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno.

Hasta el medio día del jueves, la defensa de los procesados había pedido al juez que eliminara la acusación de los delitos de fraude procesal, encubrimiento personal, hurto calificado y que la proposición y conspiración en actos de terrorismo sean absorbidos por el delito de actos de terrorismo.