La Asociación de Trabajadores Retirados de la Policía Nacional Civil (Asores-PNC) solicitó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que intervenga en los despidos forzosos que la PNC ha realizado desde abril del 2022, sumando más de 2,300 agentes.

La asociación expuso que entre los despedidos están policías del área técnica, administrativa, supernumerarios, nivel básico, ejecutivo y superior, y que hasta la fecha la PNC no les ha otorgado la indemnización que merecen.

“Al ser retirados de la institución policial, satisfechos de haber servido a la patria, no se nos indemnizó como legalmente nos corresponde, a cada uno. Al ser retirados forzosamente estamos dejando una trayectoria de tres décadas de servicio a la institución”, dice el escrito dirigido a la procuradora general, Raquel Caballero de Guevara.

En el escrito, reiteraron las peticiones que como asociación han hecho ante diferentes instancias, como el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República. Asimismo, todas las denuncias que han sido interpuestas a la PDDH, y que hasta la fecha no tienen ningún pronunciamiento o respuesta.

“Que de todas las ocasiones donde se han presentado las denuncias a la PDDH no se ha tenido respuesta. Únicamente se ha tenido una reunión contingencial por parte de la procuradora adjunta para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en fecha 13 de abril 2023, en la cual se expuso que se daría inicio a la procuración respectiva del caso. Desde esa fecha no se ha tenido ninguna respuesta”, aseguraron en el escrito presentado el 8 de noviembre.

Reiteraron en su petición una reunión con Caballero de Guevara , ya que “todos los meses se producen despidos sin garantizar una indemnización”.

Los ceses se realizan luego de la aprobación en mayo del 2022 de la Ley especial para el retiro y el otorgamiento de compensación económica del personal de la PNC y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

Según la ley, el personal cesado tendrá derecho a una indemnización económica por cada año de servicio activo, tomando como base el último salario devengado de su categoría.