El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador suspendió el juicio del caso denominado "Saqueo Público", este lunes, por falta de conexión con Centros Penales, donde son procesadas diez personas, entre ellas, la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, por el desvío de $351 millones de las cuentas de Casa Presidencial, durante la gestión Funes.

De los procesados, el empresario José Miguel Antonio Menéndez Avelar conocido como "Mecafé" y el exsuegro de Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, enfrentan el juicio desde los centros penitenciarios donde guardan detención, sin embargo, este lunes no se logró establecer la conexión digital.

Los abogados consultados por Diario El Mundo afirmaron que fue la falta de conexión, sin especificar cuál fue la razón por la que no se enlazaron desde los penales de Zacatecoluca y del Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como "Mariona".

Para este lunes estaba programada la declaración de los primeros nueves testigos propuestos por al Fiscalía General de la República, específicamente de los delitos de simulación de delitos y por el delito de defraudación al fisco en su modalidad de evasión de impuestos, por los cuales son procesados Vanda Pignato y "Mecafé, respectivamente.

A la exprimera dama de la república, Vanda Pignato, la Fiscalía le imputa el delito de lavado de dinero por $ 1,400,647.49 y al empresario Miguel Menéndez Avelar de blanquear $3,154,899, que habrían sido obtenidos de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de la Casa Presidencial, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes.

La defensa de ambos procesados manifestó en el juicio que sus clientes no recibieron ningún fondo provenientes de la partida de gastos reservados de forma ilícita; en el caso de Menéndez Avelar la defensa dijo que recibió dinero en concepto de pago de servicios en la cuenta de su empresa y no a una cuenta particular del empresario.

Por su parte la defensa de Pignato alegó que en ningún momento establecieron movimientos ilícitos en cuentas bancarias o pagos que provinieron de gastos de la partida secreta, ya que no hay pruebas por parte de la Fiscalía para probar la imputación.

Los 10 acusados son procesados por supuestamente haber participado en el desvío de $351 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial a cuentas de terceros.