El teniente, de 62 años de edad, dijo que del período de 1987 al 1992 estuvo destacado en el batallón Atlacat, que él tenía a su cargo una sección compuesta de unos 40 a 41 militares, y que luego de la masacre todos fueron retenidos, debido a la “investigación” que realizaba esa comisión sobre los hechos.
“Sobre el asesinato de los seis jesuitas... el 16 de noviembre”, afirmó Espinoza Guerra a preguntas de la defensa.
Sobre cuál fueron los resultados de la investigación o quienes eran los que conformaban la comisión, el testigo dijo que no sabía, y de igual forma, la defensa insistió, pero la Fiscalía interrumpió el interrogatorio.
Esta declaración anticipa fue a solicitada por la defensa del exdiputado Rodolfo Antonio Parker Soto, quien pretendía desvirtuar la acusación fiscal contra él sobre que ofreció dinero al testigo para que cambiara los hechos durante la investigación en aquel entonces.
“Se ha hecho un esfuerzo de la defensa de Rodolfo Parker, logrando que el testigo de forma anticipada dijera que al menos solamente ha sido investigado por una comisión, jamás mencionó a mi defendido, y por tanto no pudo haber incidido en ninguna declaración”, aseguró el abogado defensor de Parker, Carlos Miranda.
Miranda también mostró su inconformidad en unos ocho recursos de revocatoria a las resoluciones de la jueza a objeciones planteadas por la Fiscalía y la querella del caso.
“Yo en mis 10 años que tengo de dar la materia de técnicas de oralidad, nunca me había topado con una juzgadora, que adjudica estructuras de preguntas permitidas en interrogatorio directo que están dentro de la narrativa del testigo, es el impase que hemos tenido, es una incomodidad hasta cierto punto que, limita el ejercicio de la defensa”, aseguró el abogado de Parker.
Miranda resaltó que la declaración del testigo tenía como objetivo desvirtuar las acusaciones de otro testigo clave "Gabriel”, quien aseguró cómo fue la orden de matar a los jesuitas, así mismo, que Parker lo sobornó para cambiar su declaración durante la investigación de los hechos en aquel entonces.
Según el testigo "Gabriel”, la orden fue dada al coronel José Ricardo Espinoza Guerra, quien estuvo a cargo del operativo, y recalcó que la orden venía del Estado Mayor. Así mismo, que Rodolfo Parker en calidad de asesor jurídico de la Presidencia, le habría ofrecido un millón de colones para que cambiara la versión, en referencia a qué según estos, la orden de asesinar a los jesuitas había sido dada por el expresidente Alfredo Cristiani, en calidad de comandante de la Fuerza Armada.
La audiencia preliminar de la masacre de la UCA está programada para el 4 de diciembre de este año, en contra de nueve exmilitares, y dos civiles, siendo Parker y el expresidente Alfredo Cristiani.