El exdiputado Silva Pereira es enjuiciado desde hace dos semana por los delitos de cohecho activo y lavado de dinero por más de $13.4 millones en perjuicio de al menos 15 alcaldías entre los años 2005 y 2006.
En su calidad de testigo, el ingeniero representante de Desarrollos Civiles (DECSA) manifestó que en el 2005, Silva Pereira lo contactó para que trabajara con él y como primera medida, le solicitó el perfil de su empresa para futuros proyectos.
Producto de esa relación en agosto de 2005, la alcaldía de Acajutla adjudicó la construcción del mercado número 2 a DECSA, sin que su representante haya presentado oferta alguna.
“Esta forma fraudulenta de actuar tuvo lugar a través de un acuerdo previo entre el testigo y Roberto Carlos Silva Pereira, quien le propone que participe con su sociedad, pero que todo está arreglado y que la empresa que ganará es la del testigo”, afirmó el fiscal.
Más adelante, Silva Pereira pidió al ingeniero que subcontratara a CED para la ejecución de la obra y firmaron un subcontrato entre DECSA Y CED.
“¿Cuál era la ganancia que tendría el testigo? que recibiría $60,000, de manera que el proyecto fue ejecutado a través de la sociedad Caminos y Edificaciones (CED) de Silva Pereira que no había ganado, pero que lo estaba haciendo materialmente”, explicó el fiscal.
“A los días Silva Pereira me pidió que facturara a la alcaldía de Acajutla $226,000 como la primera de tres estimaciones de avance de la obra, a las semanas, que extendiera la segunda factura por $100,000 y finalmente la tercera por $186,000”, afirmó el testigo.
La alcaldía de Acajutla entregó esos tres cheques al exdiputado Silva Pereira entre 2005 y 2006 en pago por los avances estimados en la construcción del mercado, más tarde, el exdiputado entregaba los cheques al ingeniero para que fueran depositados en cuenta de DECSA y a su vez, esa compañía debía elaborar nuevos cheques por los mismos montos a favor de la empresa de Silva Pereira (CED).
Cuando la obra avanzaba un 80% de construcción, la empresa CED desapareció y la alcaldía y la Corte de Cuentas, exigieron a (DECSA) que concluyera y corrigiera los defectos encontrados. El testigo afirmó que se llevó seis meses más para terminar la construcción y entregar la obra; sin que Silva Pereira le hubiera pagado los $60,000 prometidos.
“Lo que queda en evidencia es la forma fraudulento de adquisición de una obra, la obra pública debe ser otorgada a través de un proceso transparente, igualitario para todos los competidores y no se puede anticipar quien va a ganar porque de lo contrario es un fraude de ley lo que está sucediendo”, remarcó el fiscal.
El 28 de enero, el Tribunal Cuarto de Sentencia declaró en abandono la defensa que ejercía el abogado Mario Revelo, tras ausentarse un día anterior y no justificarlo. el Ayer la segunda abogada del exdiputado solicitó a los jueces revocar su decisión contra Revelo, pero el tribunal rechazó la petición.