El 26 de diciembre de 2022, exactamente nueve meses después de la imposición del régimen de excepción de parte del gobierno, un joven de 20 años, uno de los hijos de una familia habitante de Soyapango fue capturado en su vivienda, por dos agentes de la Policía Nacional Civil, que argumentaron detención “en vías de investigación”, sin tener nada en su contra, relata su padre.

Su padre, a quien llamaremos Rafael por seguridad, tiene fresca en su memoria esa noche:

“En ese mes de diciembre implementaron el cerco militar de Soyapanago, y nosotros pensábamos que: ‘el que nada debe nada teme’, pero vimos que no es así. Ingresaron los policías y empezaron a revisar la vivienda, mi hijo estaba con un video juego, y uno de los agentes dijo que era un juego de mareros, posterior a eso le dijeron a mi hijo que colaborara y le decían: “Décinos dónde la tenés” y él les decía: “Tener el qué”, pero insistían con eso; mi esposa les dijo que no teníamos nada, les pidieron a mi esposa y a mi hijo los teléfonos, se los revisaron no encontraron nada y se los regresaron”.

Después de eso, Rafael recuerda que les pidieron sus documentos, y quien tenía el de su hijo dijo: “Está limpio”, pero ellos insistían en que su hijo tenía droga.

Uno de los agentes sacó un celular para hacer una llamada y después dijeron que lo llevarían “en vías de investigación”.

“Mi hijo calmó a mi esposa diciéndole, que se tranquilizara: “Pérate mamá, ya voy a venir”, porque nosotros confiábamos que el régimen estaba hecho para delincuentes, no para personas que humildemente nos ganamos la vida con nuestro trabajo, pero esa investigación duró dos años con 50 días”, detalla Rafael.

Durante ese tiempo el joven estuvo en tres penales diferentes, sus padres nunca lo vieron, solo trataban e indagaban; cuando les decían que estaba en un recinto se encargaban de llevarle un paquete al menos cada 15 días o al mes.

“Uno pregunta, y nos dimos cuenta que estuvo en Ilopango, en Mariona y hoy de último en el preventivo de Santa Ana, uno confía en Dios que ahí esté, porque nunca tuvimos acceso para verlo... le armábamos los paquetes con incaparina, leche, avena, galletas, nosotros tratábamos de armárselo porque el costo de la venta de los paquetes en los penales es alto, y depende de lo que usted pide lo que le pongan puede costar $25, $50, más”, relata el padre.

Luego de esos más de dos años, el 19 de febrero de 2025, el joven fue liberado, pero con medidas.

“Este tiempo ha sido y es doloroso, porque pagar por algo que no hemos cometido es tan injusto. Es doloroso, la afectación física, porque él salió con escabiosis, la parte mental, la parte psicológica, económica, todo”.

Pero a pesar de todo lo vivido por el joven hijo, quien ahora aparte de ir a firmar cada mes y el temor a una recaptura, Rafael y toda su familia dan “gracias a Dios que ya está en casa. Lo que pedimos es que la justicia funcione”.

Organizaciones de defensa de derechos humanos registran 6,689 denuncias de víctimas del régimen de excepción que este jueves cumple tres años de vigencia.