Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), las extorsiones habrían iniciado el 9 de agosto de 2018, cuando Torres, uno de los imputados, abordó a una víctima en su vivienda, en el departamento de San Vicente y le exigió el pago de $215 para distribuirlo con la pandilla. Amenazó que, en caso de no cumplir la petición, “atentaría contra su vida o le quemarían los negocios”, detalla el Ministerio Público.
Dadas las circunstancias, la víctima se contactó con las autoridades de la Fiscalía, quienes ordenaron una serie de diligencias para identificar a Torres, como el primero en abordar a la víctima y quien realizó la exigencia económica. De igual manera, Alfaro y Argueta se dedicaban frecuentemente a recoger el dinero de las extorsiones.
El Tribunal de Sentencia de San Vicente, validó las pruebas presentadas por los fiscales a cargo del caso y el juez decidió poner la pena máxima establecida por el delito de extorsión en modalidad agravada.