Una organización de derechos humanos de El Salvador pidió este martes "justicia y reparación" por las 600 personas masacradas por militares a orillas de un río hace 44 años mientras intentaban escapar de la guerra civil.
El 14 de mayo de 1980, más de 600 niños, mujeres y ancianos fueron asesinados en la comunidad Las Aradas, a orillas del río Sumpul, en la frontera con Honduras, a unos 100 km al norte de San Salvador.
Una investigación de una Comisión de la Verdad creada por la ONU concluyó en 1993 que los militares "dieron muerte deliberadamente" a estos civiles "no combatientes" que intentaban cruzar el río para refugiarse en Honduras.
"Se cumplen 44 años de impunidad en la masacre del Sumpul y hay falta de voluntad de aplicar medidas de justicia y reparación", declaró a la AFP el abogado Alejandro Díaz, de la ONG Tutela Legal, que defiende a víctimas de la guerra civil (1980-1992).
Tutela Legal, que denunció la matanza ante la justicia en 1992, acusa de estos crímenes a miembros del Ejército, de la extinta Guardia Nacional y de la Organización Democrática Nacionalista (Orden), grupo paramilitar que colaboraba con la Fuerza Armada en la lucha contra la guerrilla izquierdista.
El informe de la ONU estableció además que "la masacre fue posible por la cooperación de las Fuerzas Armadas hondureñas, que impidieron el paso de los pobladores salvadoreños" al vecino país.
Asimismo, consideró que "hubo encubrimiento de los hechos por parte de las autoridades militares salvadoreñas" y que esta masacre constituyó "una seria violación" de las normas del derecho internacional humanitario.
Tutela Legal acusa por la masacre a un grupo de oficiales encabezados por el entonces ministro de la Defensa, general José Guillermo García, de 90 años, sobre quien también pesa una orden de detención por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en marzo de 1982.
Para evitar ir a prisión por el caso de los holandeses, García permanece internado en un hospital privado desde hace 21 meses.
Durante la gestión de García, considerado el militar más poderoso de la Fuerza Armada en su momento, se cometieron 41 masacres, según asegura la ONG de Derechos Humanos Cristosal.
"Indulto para todos"
Mientras esta ONG busca justicia, la agrupación de generales retirados afirmó en una declaración, con motivo del bicentenario del ejército salvadoreño, el 7 de mayo, "que ningún militar debería estar siendo juzgado, criticado o cuestionado por haber cumplido la misión de defender a El Salvador".
En esa misma ocasión, el general retirado Humberto Corado, ministro de la Defensa en 1993-1995, pidió un indulto para todos los militares.
"Yo le solicito al mando político del país que emita un decreto de indulto para todos los miembros de la Fuerza Armada que participamos en el conflicto y que de una u otra forma estamos siendo enjuiciados, ese para nosotros va a ser el mejor regalo en este Bicentenario", declaró Corado al canal 21 de televisión.
Por su parte, el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, lamentó que el lunes un comité del Congreso dominado por el partido del presidente Nayib Bukele archivara un proyecto de ley para castigar a los responsables de crímenes durante la guerra civil.
"Quieren seguir protegiendo a los victimarios y no a las víctimas", afirmó Montenegro.
La guerra civil salvadoreña dejó más de 75,000 muertos, miles de desaparecidos y cuantiosas pérdidas a la economía nacional.