Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (OUDH-UCA) calculó ayer que el sistema penitenciario salvadoreño presenta un hacinamiento estimado del 232% como resultado de las más de 36,000 capturas reportadas por las autoridades bajo el régimen de excepción.

Según el OUDH la población penitenciaria oficial hasta marzo de 2022, antes del régimen de excepción, era de 36,663 reos que con las 36,000 nuevas detenciones, entre el 27 de marzo y el 27 de mayo, la cifra asciende a más de 71,000 internos.

Con el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 marzo y prorrogado en dos ocasiones, las capturas mensuales pasaron de 2,267 en el año 2021 a 17,504 con un promedio de 564 casos diarios. Hasta el 8 de mayo se reportaba 1,080 arrestos de niños y adolescentes vinculados a las pandillas, equivalente al 4 %.

Estas detenciones han sido más en jóvenes de grupos de 18 a 30 años de edad y de 31 a 40 años; lo que representa el 82 % de la totalidad.

El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, afirmó que este es el primer informe sobre las violaciones de derechos humanos en el estado de excepción, justificado por a raíz del alza de 87 homicidios desde el 25 al 27 de marzo. El coordinador del OUDH, Danilo Flores, manifestó que el informe ofrecido se nutre de cuatro fuentes de información: fuentes oficiales (Policía Nacional Civil y cuenta oficial de Twitter del presidente de la República, Nayib Bukele), información compartida por cinco organizaciones de defensoras de los derechos humanos –entre ellas el Idhuca, Cristosal, Servicio Pasionista y Fespad- así como por la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y seguimiento a siete medios de comunicación.

Se han divulgado vídeos de un policía que le había puesto la bota en la cabeza a un persona que estaba en el suelo, ese vídeo fue publicado por un agente ”. Danilo Flores, coordinador de la investigación

Vulneraciones.

Hasta el 25 de abril, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibió 184 denuncias, 178 de ellas (97 %) por detenciones arbitrarias, medios de comunicación publicaron 125 casos similares, el Idhuca hasta el 5 de mayo, reportó 59 casos de detenciones arbitrarias que afectaron a 70 personas, Cristosal -otra organización pro derechos humanos- hasta el 19 de mayo recibió 555 denuncias, de las cuales el 87.7 % fueron por detenciones arbitrarias.

Según los investigadores, los capturados no se les expresó los motivos de la detención y eran de escasos recursos. Tampoco se informó a los familiares de dónde estaban detenidos ni de las audiencias. Familiares también han denunciado malos tratos, torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos; hasta el 27 de mayo. La PDDH reportó 22 casos que incluían 20 por malos tratos y un caso de tortura.

El Idhuca también ha recibido una denuncia de tortura. El Servicio Social Pasionista reportó tres vulneraciones en 29 detenciones, Cristosal ocho lesionados en 157 casos. Desde la perspectiva del OUDH, el decreto del régimen de excepción vulnera principios del derecho internacional de derechos humanos, entre ellos el de necesidad, amenaza excepcional, proporcionalidad e intangibilidad de derechos.