Según David Morales, uno de los principales acusadores particulares en este histórico juicio, una de las preocupaciones es que los imputados siguen muriendo sin enfrentar la justicia. Esta misma preocupación aflora en Leonel Claros, familiar de víctimas y presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (Apdhem) “está dejando pasar el tiempo como para que se mueran los testigos y también en el caso de los militares que ya han fallecidos varios, solamente hay 17 de los 21 (acusados)”, dijo Claros.
Ambos señalan que el objetivo de la reforma al sistema judicial se cumple: dilatar y retroceder los procesos.
“En este momento se está gestionando el caso de manera más lenta y nos preocupa que se vaya dilatando el momento de elevar a la fase plenaria”, dijo Morales a Diario El Mundo.
Este abogado de Cristosal cree que no se puede esperar más. “Es un caso que con suficiente prueba, la actual titular del tribunal debería de tratar de agotar en el más corto plazo posible las diligencias pendientes”.
El 26 de septiembre de 2021 entró en vigencia el decreto legislativo 144 que cesó “automáticamente” a los jueces mayores de 60 años de edad y a aquellos con más de 30 años de servicio en la judicatura, entre ellos, el juez Jorge Guzmán que llevaba el proceso de la peor masacre de la historia salvadoreña.
“La nueva legislación aprobada obligó al cese inconstitucional de juez Guzmán, eso inmediatamente y claramente generó un impacto muy grave que el caso siguiera avanzando. Estaba a punto de ir a la etapa plenaria, que tiene mucha prueba, que le permitirá ya cerrar la instrucción después de cinco años y poder ser elevado a plenaria”, aseguró David Morales.
Tres días más tarde, el 29 de septiembre, Mirtala Teresa Portillo de Cruz tomó posesión del cargo como jueza de instrucción de San Francisco Gotera, una exfiscal antihomicidios y docente universitaria, que ahora lleva la investigación de uno de los casos más emblemáticos del conflicto armado.
El abogado Morales reconoció que durante el proceso penal dónde el juez Guzmán estuvo al frente del juicio, conoció y medió una gran cantidad de prueba, pero consideró que la nueva jueza a cargo, ha tardado en conocer el “acervo probatorio”. Por su parte, Claros dice que están conscientes de que la nueva jueza debía “ponerse al día”, pero esto no ha pasado.
Añadió que el caso perdió dinamismo desde el cese del juez Guzmán, y durante este último año han pedido la incorporación de nuevos testigos, sin lograrlo.
Sin audiencias.
Por otro lado, Leonel Claros, familiar de víctimas y presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (Apdhem), explicó que la jueza se niega a incorporar nuevos testigos al proceso, al considerar los trámites como burocráticos.“Ha retrocedido de cierta forma porque no hemos tenido audiencias, pese a qué teníamos unas tres audiencias pendientes que se iban a realizar, incluso para recibir documentación ahorita hay bastante burocracia, casi ni quieren recibir”, dijo Claros.
Claros ejemplificó el retraso al referirse que la nueva jueza del caso solicitó al Registro Único de Víctimas la cantidad de personas de la masacre de El Mozote, pero esa diligencia se hizo en 2017, cuando un documento de ese registro de la Presidencia de la República oficializó el número de víctimas de la matanza de El Mozote y sitios aledaños: 978 personas masacradas, de los cuales unos 553 eran niños.
Temor.
Otro de los acusadores particulares del proceso penal, Ovidio González, de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, también aseguró que existe un temor porque que el criterio de la juzgadora sea aplicar solo el Código Penal de 1973 en las diligencias judiciales. Con esto, según él es posible un juicio bajo el mecanismo de jurado, y que por temor se dicté un veredicto absolutorio.“Un jurado de cinco personas que no reconocen pruebas, que no analizan pruebas sino que bajo la íntima convicción pueden por alguna situación de temor, pueden dar un veredicto absolutorio, eso sí nos puede afectar”, dijo Ovidio González.
Morales aseguró que ante la posibilidad de que el juicio no se maneje de forma híbrida, como lo hizo el juez Guzmán, la responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa al aprobar una ley de justicia transicional que regule el conflicto de legislación.
Masacre de El Mozote y sitios aledaños
1,.- Diciembre de 1981
> La matanza. Entre el 11 al 13 de diciembre de 1981, unas 978 personas, entre ellas, unas 553 niños fueron asesinadas por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador en el plan Yunque y Martillo, en las comunidades de Arambala, La Joya, El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz.
2.- Noviembre de 2021
> Preocupación de la CIDH. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución de supervisión de cumplimiento, manifestando su profunda preocupación por “el cese en el ejercicio de las funciones del juez penal a cargo.