La unidad de delitos contra la vida de la Fiscalía General de la República se declaró incompetente de investigar la muerte del sindicalista José Leonidas Bonilla, quien falleció bajo custodia del Estado salvadoreño luego de haber sido detenido por cargos bajo el régimen de excepción en el año 2022, aseveró este lunes la abogada del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, quien junto a familiares del referido pidieron a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos indague "la irregularidad".
"Resulta que cuando vamos a dar seguimiento al caso, la Fiscalía General de la República dice que la unidad de delitos contra la vida se declara incompetente y remite el caso a otra unidad que no tiene nada que ver con la muerte por tortura del compañero José Leonidas Bonilla, entonces, venimos a denunciar esta irregularidad aquí, porque entendemos que este es un caso que fue denunciado públicamente y de notoriedad, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de oficio tiene que tenernos un informe de cómo va este caso", reveló este lunes Escobar.
Según el Socorro Jurídico, el caso fue trasladado a la unidad de delitos contra el sector justicia "que es donde se ve el peculado y el falso testimonio", manifestaron. Ellos pidieron a la Fiscalía que abriera una investigación el pasado 11 de enero.
El sindicalista José Leonidas Bonilla fue detenido el 26 de abril del año 2022 en su casa, en San Juan Opico, La Libertad junto con su hija de 15 años quien tiene una discapacidad. Trabajaba en la alcaldía de Mejicanos desde hace 17 años, al momento de ser detenido y pertenecía al sindicato de la municipalidad.
Al momento de su captura, padecía una enfermedad renal, diabetes e hipertensión, padecimientos crónicos que no fueron tratados mientras estuvo detenido en el penal de La Esperanza, conocido como "Mariona" y finalmente murió el 3 de septiembre de ese mismo año en el hospital Rosales.
Escobar aseguró que tuvieron acceso a la autopsia practicada a Bonilla, y esta reveló que su cuerpo tenía politraumatismo, heridas en los pies, necrosis en el bazo y en el páncreas. "Eso es señal que hubo torturas, tratos crueles y degradantes", añadió.
Por ello, el Socorro Jurídico Humanitario manifestó que exigen a la procuradora Raquel Caballero de Guevara que active el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que la muerte de Bonilla sea investigada.
Más de 230 muertes en el régimen
La última actualización del Socorro Jurídico indica que hasta el 18 de febrero de 2024, al menos 237 personas capturadas en el régimen de excepción han fallecido bajo custodia estatal, en penales u hospitales.
Solo durante el año 2024 ya se contabiliza la muerte de 17 detenidos, en su mayoría, acusados de agrupaciones ilícitas y cuyo detonante de muerte habría sido la negligencia por falta de atención médica.
En junio de 2023, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró que archivaron 142 muertes de detenidos durante el régimen porque en éstos no "existía delito" que perseguir.
