“Ahora tenemos más de 1,800 personas, casi 1,900 personas detenidas por conducción peligrosa por el delito de conducción peligrosa, estas personas no solo se tratan de solo una falta que han cometido, no es una infracción cualquiera, estamos hablando de un delito penal”, explicó Reyes durante la entrevista.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contempla un incremento en comparación de 2023 del 31% con 1,874 de personas detenidas desde el primero de enero hasta el 24 de octubre, siendo el 96 % hombres detenidos y 4 % mujeres.
Reyes enfatizó que bajo el régimen de excepción cambian los tiempos administrativos para procesar a aquellos conductores que estén bajo los efectos del alcohol, que pueden recurrir desde tres días hasta 15.
“Las consecuencias que le puede traer a una persona conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes no es solamente que vaya a un lugar, solo por 72 horas, tenemos un régimen de excepción que cambia los tiempos administrativos que deben respetarse en cuanto a las diferentes detenciones, ahí ser 72 horas hasta quince días disponibles”, explicó el viceministro.
El viceministro reiteró que el tiempo estimado puede ser de 15 días sin antes estar a la orden de un juez, el cual puede determinar el tiempo que el sujeto pasará detenido.
“Esas 72 horas fácilmente se pueden convertir a 15 días sin estar a la orden de un juez, y el hecho que se le presente al juez no quiere decir que automático salió, el juez puede determinar incluso que no lo va a mandar a la casa, sino que va estar esperando hasta el día del juicio en una bartolina”, declaró el viceministro de Transporte.
El titular de Transporte destacó que este es un delito que se puede pagar con cárcel, sobre todo cuando existen lesionados o daños significativos.
La última reforma al artículo 147 del Código Penal que habla de la conducción peligrosa aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2021, establece penas de prisión de 2 a 4 años para conductores peligrosos en general y entre 3 y 6 años para el transporte público de pasajeros y el de carga, esto tras aceptar las observaciones de la Presidencia de la República para reducir las penas por el delito de conducción peligrosa y que pueda ser excarcelable.
El Código Penal establece conducción peligrosa, el disputar la vía entre vehículos o realizar competencias de velocidad en la vía pública, sin previo permiso a las autoridades competentes, también, el manejar en estado de ebriedad según el límite fijado reglamentado o bajo los efectos de las drogas.
Más controles antidoping
Durante la entrevista, Reyes destacó que han incrementado los controles antidoping a lo largo del país, y estima que para el mes de diciembre incrementarán el número de controles.
“Definitivamente se ha incrementado, va haber incrementado, va haber una diferencia significativa para este diciembre”, anunció Reyes.
Reyes destacó que este número ha incrementado gracias a la coordinación de los médicos del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) que están en todo el territorio nacional.
Para el presupuesto 2025, Reyes destacó que el único incremento en el presupuesto asignado para este rubro incrementó alrededor de $10,000 para la compra de boquillas para las pruebas de alcoholemia y las pruebas de droga.
“Lo único que se ha incrementado es la compra de boquillas para pruebas de alcoholemia y las pruebas de droga y esto sencillamente porque se están realizando más pruebas, no es que se haya incrementado presupuesto para poner más controles, simplemente a nivel de coordinación que se han hecho las gestiones necesarias para poder más presencia, en lo único hemos necesitado incrementar presupuesto es la compra de boquillas desechables que se usan en las pruebas .. estamos hablando de $10,000”, explicó el viceministro en la entrevista.
El director general de Tránsito, Felix Serrano, anunció el pasado 12 de octubre, que desde el primero de enero hasta esa fecha, el VMT había realizado más de 64,000 pruebas antidoping, las cuales tienen el objetivo de sacar de circulación a los conductores en estado de ebriedad.