Mauricio Cuéllar y Carlos García Saade interpusieron la demanda hoy en la Corte. Foto: Óscar Machón


El decreto ejecutivo 22 del Ramo de Salud, que prohibió el servicio de transporte público, ha recibido una nueva demanda de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La demanda fue interpuesta por Mauricio Cuéllar y Carlos García Saade, ambos del partido Arena.

Según García, el decreto 22 tiene tres problemas: amplía el mandato de la ley de aislamiento y cuarentena, limita la circulación entre municipios y segmenta la circulación sin que haya un régimen de excepción; y sobrepasa la vigencia del decreto legislativo, que finaliza el 19 de mayo y no el 21 de mayo cuando finaliza el decreto ejecutivo.

A eso, le suma la inseguridad jurídica que ha creado la fecha de publicación del decreto ejecutivo, antes del decreto legislativo.

“Lo que estamos viendo es una extralimitación más del Órgano Ejecutivo. Esto nos demuestra del órgano Ejecutivo, mucho menos puede venir a limitar un decreto legislativo, ha dicho qué tipo de alimentos se pueden producir, qué tipo de alimentos se pueden distribuir”, cuestionó.

La demanda se suma a otra interpuesta ayer. La Sala de lo Constitucional también debe pronunciarse ante dos demandas de inconstitucionalidad contra la ley de aislamiento y cuarentena aprobada por la Asamblea Legislativa.

Ambos instrumentos legales fueron aprobados luego de reuniones y acuerdos del Gobierno y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), un llamado público conjunto a la Asamblea Legislativa para aprobar los proyectos presentados por el Gobierno en una sesión plenaria extraordinaria celebrada el mismo lunes.

Durante el estudio de la iniciativa en la Asamblea, en la Comisión Política, los diputados no intentaron incluir al sector transporte.

Por un momento, el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, pidió incluir a los talleres automotrices, pero la moción no tuvo los votos.