San Salvador, 16 de diciembre de 2019.
«Ser servidor público es un privilegio, por lo que su actuar debe revestirse de probidad» expresó Rosario Anaya de Barillas, integrante del Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), durante su discurso en la última juramentación de nuevos miembros de Comisiones de Ética Gubernamental (CEG) este viernes 13 de diciembre.
En este 2019, el TEG juramentó 238 nuevos miembros de CEG en un total de 7 actos en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre.
La miembro del pleno motivó a los nuevos integrantes «a tomar decisiones dentro de su quehacer como servidores públicos, apegadas a valores de ética». En el acto prestaron juramento alrededor de treinta y siete servidores públicos durante tres años y las funciones se considerarán inherentes al cargo que desempeñen y no devengarán por ellas ninguna remuneración especial, según el artículo 26 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).
El artículo 27 de la LEG establece que las comisiones deberán referir al Tribunal la información obtenida de una investigación interna realizada por la institución, cuando se identifique una posible violación a los deberes o prohibiciones éticas, recibir denuncias cuando un servidor público de su institución haya infringido la Ley, dar seguimiento a las resoluciones finales emitidas por el Tribunal, difundir y capacitar a los servidores públicos de su institución sobre la ética en la función pública, proponer al Tribunal medidas que coadyuven a la mejor aplicación de la Ley y dar respuesta a las consultas respecto del ámbito de aplicación de la Ley, en base a los criterios fijados por el Tribunal.
Esta vez, estuvieron presentes miembros del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Superintendencia de Competencia (SC), alcaldías de San Isidro, Cacaopera, San Antonio Los Ranchos, Sonzacate, entre otros.
«Las Comisiones de Ética son el brazo extendido del TEG, que juega un papel importante en la prevención de actos contrarios a la ética pública y en la capacitación», concluyó la Anaya de Barillas.
Las instituciones como el Ministerio de Educación (52 denuncias recibidas), la Asamblea Legislativa (38) y la Universidad de El Salvador (37), que no poseen CEG integrada se encuentran dentro de las que tienen un mayor número de servidores públicos denunciados, lo que permite revelar la relevancia del papel de dichas Comisiones en la promoción de la Ley de Ética Gubernamental.