En la guerra de Viet Nam murieron 58 mil 318 soldados norteamericanos. Esas víctimas, que movilizaron la opinión pública hasta parar la guerra, constituían apenas el 0.00027% de su población (215 millones 973 mil 200 habitantes para entonces).
En Argentina, con 29 millones 340 mil habitantes al final de la dictadura (1983), hubo 30 mil civiles desaparecidos. En Chile, con 13 millones 179 mil habitantes al final de la dictadura (1990), se citan 40 mil víctimas, de las cuales 3.065 muertos o desaparecidos.
En El Salvador, con sólo 5 millones 416 mil 323 de habitantes al terminar la guerra, entre 1975 y 1992, tuvimos 72 mil víctimas entre muertos y desaparecidos: el 1.6 % de nuestra población.
De acuerdo a la BBC de Londres, la masacre de El Mozote, con sus más de 990 muertes documentadas -hombres, mujeres, ancianos, niños- fue “la mayor matanza en Latinoamérica en el siglo XX”.
Y no se sabe de ningún otro país en donde hayan sido asesinados al menos dieciocho sacerdotes diocesanos, cuatro religiosas (norteamericanas), seis sacerdotes jesuitas, un Obispo y un Arzobispo (el tercero en la historia católica).
Esa es la terrible dimensión de la tragedia, nuestra tragedia, a la que se puso fin gracias a los Acuerdos de Paz. Es imposible no apreciar la trascendencia, profundidad e importancia de éstos, y es inútil renombrar el día de su conmemoración, haciéndolo, además, de manera inconsulta.
No hubo mejor momento en nuestra historia para construir un país democrático, económica y socialmente desarrollado, como el que se abrió gracias a los Acuerdos de Paz, pero quienes debían administrarlos no supieron hacerlo. ARENA adoptó como modelo de desarrollo económico el llamado “Consenso de Washington”. El progreso sería tan grande que rebalsaría hasta alcanzar a toda la sociedad. Nunca hubo tales, pero, además, ARENA sencillamente ignoró las consecuencias sociales de la tragedia; ningún programa social se ocupó de ellas y hasta la fecha las víctimas reclaman justicia. El FMLN hizo importantes avances en salud; redujo el analfabetismo al 6%, impulsó la legislación en favor de la mujer, mejoró la cobertura de la seguridad social y otros, pero no supo o no pudo reorientar el modelo económico implantado por ARENA y, sin ignorar las consecuencias sociales de la tragedia, tampoco se volcó de lleno a atenderlas. Ambos gobiernos presentan muestras de corrupción. Resultado, con tres gobiernos diferentes, 30 años después de los Acuerdos las víctimas siguen reclamando justicia.
¿Qué nos llevó a esa tragedia nacional? En mi opinión, dos fueron las causas fundamentales. La primera, la extrema precariedad en que vivían los campesinos, quienes, sometidos al poder de los dueños de la tierra –grandes, medianos y pequeños, más que ciudadanos trabajadores agrícolas eran siervos de la gleba. La segunda, la increíblemente absurda represión política del Estado. No se exagera al recordar que un universitario podía parar en la cárcel por llevar consigo un libro de sociología, o que un campesino podía ir tres días a bartolina por haber sido “alzado” con su patrón. Desde luego, la sumisión fue agotándose, el movimiento social organizándose, la represión brutalizándose, hasta llegar al enfrentamiento armado a fines de los años 70.
Es hora de recapacitar a fondo sobre nuestra historia; de buscar el entendimiento mediante el diálogo como se hiso hasta alcanzar los Acuerdos de Paz; de ocuparse de los problemas vitales de El Salvador: falta de empleo, tributación regresiva, inseguridad en aumento, secretismo y corrupción gubernamental, vivienda y pensión dignas, transporte público eficiente, democracia, Estado de Derecho, justicia para las víctimas de la guerra y justicia para las víctimas diarias por la falta de control territorial.
El 16 de enero será siempre el Día conmemorativo de los Acuerdos de Paz.