Ya nada era mío. El poder que el dinero confería al colonizador sobre el colonizado se había desvanecido. De pronto, la relación entre donante y receptor se volvía, al menos por un instante, equitativa.
Fue entonces, en aquella región desértica de Somalia, cuando comprendí que algo en la llamada «cooperación internacional» no estaba funcionando bien. Las comunidades somalíes se negaban a ejecutar las prioridades definidas por el donante, porque no las reconocían como propias.
En ese momento recordé las palabras de una lideresa comunitaria de las montañas de Intibucá, Honduras, quien años antes me había dicho durante una reunión informal: «Lo malo no es la cantidad de dinero que nos dan; lo malo es la forma en que nos lo dan».
La ayuda oficial al desarrollo de Estados Unidos cayó un 57% entre 2024 y 2025, la mayor reducción anual registrada por un solo país donante. El Reino Unido, anuncio una disminución relativa del 40% del presupuesto de cooperación internacional para 2027. ¿Qué está pasando?
La evidencia es clara: la ayuda externa ha tenido un impacto heterogéneo en países pobres. En entornos con instituciones sólidas y políticas responsables, contribuye al crecimiento y a reducir pobreza y mortalidad infantil; en contextos de mala gobernanza o alta dependencia, sus efectos son menores o pueden ser contraproducentes. Durante décadas, la cooperación internacional ha sido un pilar del desarrollo global. Miles de millones de dólares fluyen cada año desde países ricos hacia naciones de bajos ingresos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿realmente funciona esta ayuda? La respuesta, como suele ocurrir en política pública, es matizada.
Los estudios más rigurosos, como los del Banco Mundial, coinciden en un hallazgo fundamental: la ayuda financiera se asocia a mayor crecimiento y reducción de pobreza principalmente en países con buena gestión económica. En esos entornos, incrementos de ayuda del orden de 1% del PIB pueden traducirse en caídas similares en pobreza y mortalidad infantil. Pero no toda ayuda es igual. La llamada «ayuda de pronta incidencia» —infraestructura, sectores productivos, apoyo presupuestario orientado al crecimiento— muestra una relación positiva y robusta con el crecimiento económico. Análisis recientes calculan que, en promedio, US$1 de este tipo de ayuda genera un aumento neto de US$1,64 en el ingreso del país receptor, equivalente a una tasa de retorno cercana a 13%.
Sin embargo, la misma literatura documenta límites severos. En países con instituciones débiles y corrupción endémica, la ayuda puede: no llegar a su destino, crear dependencia, y erosionar logros sociales. Evaluaciones de programas del FMI en 67 países no hallan un efecto directo claro en salud infantil, pero sí un efecto indirecto negativo: debilitan el efecto protector de la educación parental sobre la salud de los niños. Existen estudios que documentan que la ayuda tiene mayor impacto donde hay políticas e instituciones sólidas, donde la gobernanza es fuerte y transparente, donde la corrupción es mínima o inexistente. Lastimosamente, la corrupción debilita las instituciones y la transparencia, y está a flor de piel en muchísimos países en vías de desarrollo.
El dialogo con el jefe de la región de Juba en el distrito de Gedo, continuo. Su demanda era obtener un dinero adicional para emitir permisos para implementar proyectos en dicha región. Se conocía la corrupción abierta que florecía en dicho país, era lo único transparente. En ese momento carecía de la autoridad para ceder o denegar la petición. Sabia en el fondo que la competencia por recursos financieros de las agencias que trabajaban con la cooperación era salvaje, y que al llevar el comunicado a los lideres de mi agencia la petición de las autoridades del distrito seria aceptada. No era el cuanto sino el cómo.
La ayuda extranjera no es ni panacea ni fraude. Es una herramienta cuyo rendimiento depende del contexto institucional y del diseño. En El Salvador y la región, la lección es clara: antes de pedir más ayuda, debemos fortalecer la capacidad de absorberla bien. La transparencia, la meritocracia y la calidad del gasto público son tan importantes como el volumen de recursos.
