Desde la fundación de nuestros sistemas y sectores de justicia en América Latina, hemos cometido un error histórico que está  en el límite de la crueldad sistemática: hemos olvidado a la víctima. O, peor aún, la hemos recordado únicamente para instrumentalizarla. Cuando una persona sufre el embate del delito, experimenta la «victimización primaria». Sin embargo, el verdadero calvario, la pendiente más compleja, comienza cuando el agraviado decide cruzar el umbral de interponer la denuncia ante cualquiera de las instituciones por ley a tomar la denuncia en busca de una quimera llamada justicia.

Desde el instante mismo de la denuncia, la maquinaria estatal y su burocracia se encarga de enviarle un mensaje silencioso, pero profundamente demoledor: estás vencida. La semana pasada conversaba, compartíamos y debatimos con un grupo de excelentes profesionales que se encuentran estudiando criminología sobre la victimización secundaria. Espero haber logrado el objetivo no solo de transmitir el conocimiento, sino de sensibilizarlos y que el mensaje por cada uno de ellos se extienda en El Salvador hasta donde del grupo dependa.

Al acercarse a la sede, la víctima rara vez encuentra consuelo, contención o empatía. En su lugar, tropieza con un laberinto hostil y frío. Se le cuestiona, se le mira con velada suspicacia, se le somete a interrogatorios repetitivos y carentes de sensibilidad que no hacen más que rasgar las heridas recién abiertas, incluso no se excluye el morbo en dichos interrogatorios y la culpa sobre la victima- Es la temida y terrible «victimización secundaria». El sistema, diseñado en teoría para proteger y restituir, se transmuta en un segundo agresor; a menudo más letal y frustrante que el primero, precisamente porque actúa bajo el manto protector de la legalidad y la autoridad.

El proceso penal tradicional se configuró históricamente como un duelo exclusivo entre el Estado y el delincuente. En este coliseo jurídico, donde el coliseo romano se queda pequeño, a la víctima se le expropió su propio conflicto. Se le arrebató la titularidad de su dolor para convertirla en un simple «cuerpo del delito», en un número de expediente o en un mero medio de prueba testimonial. Mientras el garantismo se esmera en proteger, con justa razón dogmática los derechos procesales del imputado, a la víctima se le condena a la fría sala de espera de la indiferencia. Cada citatorio pospuesto, cada peritaje repetitivo, contando lo mismo una y otra vez, cada confrontación mal manejada, es una estocada a su dignidad.

El sistema la desgasta de manera deliberada. La agota física, económica y emocionalmente. Este camino cuesta arriba no es un accidente operativo; es la inercia perversa de un andamiaje que, en el fondo, percibe a la víctima que exige sus derechos como un estorbo procesal. Cuando el ciudadano agraviado finalmente claudica, aplastado por el peso de la burocracia, y abandona el proceso, las estadísticas en muchas ocasiones callan. Sin embargo, los pasillos de los juzgados celebran, en silencio, un expediente menos que tramitar. La impunidad, entonces, no solo nace del criminal que escapa, sino del abandono institucional que obliga a la víctima a rendirse. Esto es de todos los días en América Latina, en unos países en mayores proporciones.

Como estudioso del fenómeno victimológico, no puedo ser cómplice silencioso de esta tragedia cotidiana. Una justicia que revive el sufrimiento a cada momento no es justicia; es tiranía administrativa y procesal. Es un imperativo moral y jurídico que el sistema transite hacia un modelo donde la víctima recupere su protagonismo, su voz y su dimensión humana. Hasta que no logremos transformar la atención desde el primer contacto en las agencias de denuncia, nuestras leyes seguirán siendo letra muerta, y la víctima continuará su marcha solitaria por un calvario donde, desde el primer paso, el Estado ya le ha dictado una sentencia de derrota. Por eso a donde voy dentro y fuera de El Salvador mi mensaje es claro y categórico, no más vencidas, ni vencidos. Y no desmayare en el esfuerzo para que América Latina haga el giro que se necesita en favor de las víctimas y su reparación integral y la restauración de su proyecto vida.

*Por Ricardo Sosa / Doctor en Criminología /Doctorante en Justicia Criminal / @jricardososa