En este contexto, en los inicios de 2025, el Gobierno salvadoreño ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un programa de financiamiento de 40 meses por aproximadamente $1,400 millones, bajo la modalidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Más allá del alivio financiero, este acuerdo trae consigo una serie de compromisos que persiguen mejorar la gobernanza, la transparencia y la lucha contra la corrupción en la gestión pública. En otras palabras, en el marco de este acuerdo, el país se ha comprometido a reconstruir la transparencia fiscal y la institucionalidad presupuestaria que se había erosionado.
A continuación, explicaremos algunos de los problemas de transparencia que enfrenta El Salvador y cuáles son las medidas que el gobierno, junto al FMI, ha pactado para corregir el rumbo. Al final, veremos por qué estos compromisos podrían marcar una diferencia en la rendición de cuentas, la confianza de la ciudadanía y la salud financiera del país en el mediano plazo, y por qué por dicha razón es importante que estemos pendientes de cómo avanza dicho acuerdo y de los logros que se vayan alcanzando.
En años recientes, el país experimentó un marcado retroceso en la transparencia fiscal y la institucionalidad de sus finanzas públicas. En 2020 se suspendió la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, una normativa que imponía límites al gasto y la deuda pública para mantener las cuentas fiscales sanas. Al suspenderse esta ley durante la emergencia por COVID-19, el gobierno dejó de estar sujeto a metas fiscales claras. Asimismo, ciertas decisiones financieras durante la pandemia se tomaron de forma poco transparente, incluyendo el manejo de fondos de emergencia. De hecho, las auditorías de los gastos especiales COVID-19 (como el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres) dejaron de estar accesibles al público por un tiempo, lo que generó preocupación sobre en qué se usaron esos recursos.
Otra señal de la pérdida de institucionalidad presupuestaria fue el manejo del Presupuesto General de forma cada vez menos escrutable. El gobierno no publicó completas ciertas piezas clave del presupuesto. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto anual no viene acompañado de un Marco Fiscal de Mediano Plazo –es decir, un plan de ingresos, gastos y metas para los próximos años–. A veces el Ministerio de Hacienda tardó en publicar las modificaciones al presupuesto aprobado durante el año, pero esos cambios no siempre se divulgaron de forma accesible. De hecho, como parte del nuevo acuerdo, el gobierno tuvo que publicar todas las modificaciones realizadas a los presupuestos de 2023 y 2024, evidenciando que previamente esa información no estaba al alcance ciudadano.
La falta de transparencia también se reflejó en la debilidad de los organismos de control. La Corte de Cuentas de la República, encargada de auditar el uso de los fondos públicos, en la práctica no cuenta con la suficiente independencia ni herramientas para fiscalizar eficazmente al Ejecutivo. Por otro lado, en materia de corrupción, durante este período se relajaron algunas exigencias: por ejemplo, las declaraciones de patrimonio de los altos funcionarios dejaron de hacerse públicas por decisiones administrativas. Todos estos factores combinados –información fiscal oculta, controles flexibilizados y menor escrutinio– crearon un terreno propicio para el uso discrecional de fondos públicos sin la debida vigilancia.
Frente a esta situación, el acuerdo SAF con el FMI establece múltiples acciones para poner una lupa en las finanzas del Estado y contribuir a fortalecer las instituciones encargadas de vigilarlas.
Como parte del acuerdo, el Ministerio de Hacienda divulgó el Presupuesto General del Estado 2025 aprobado, acompañado de un plan fiscal trianual (un plan de tres años) que incluye proyecciones del costo de las pensiones públicas y de los intereses de la deuda previsional. Por primera vez en varios años, se presenta el presupuesto junto a esta información crucial, cumpliendo una de las condiciones iniciales del programa; para 2026 se espera que el Proyecto de Presupuesto venga acompañado más formalmente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Además, se pusieron a disposición datos que estaban pendientes: los flujos financieros y deudas del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) –la entidad pública que ahora administra los fondos de pensión tras la reciente reforma–.
Por otra parte, el gobierno también se ha comprometido a publicar, antes de marzo de 2025, información valiosa sobre las empresas públicas. Entre otras cosas, entidades como las autónomas y empresas estatales deberán revelar sus estados financieros detallados, incluyendo cualquier actividad cuasifiscal (aquellas operaciones que, sin ser parte del presupuesto, pueden generar gastos o riesgos financieros para el Estado). También deberán divulgar las políticas de propiedad (cómo maneja el gobierno su participación en ellas), sus prácticas de gobierno corporativo, indicadores de desempeño y gestión de riesgos, entre otros datos. En palabras sencillas, las cuentas y operaciones de las empresas estatales estarán más a la vista para observar el uso que dan a los fondos públicos.
Para combatir la opacidad en las contrataciones del gobierno, se iniciará la publicación regular de los beneficiarios finales de todas las empresas que ganen contratos públicos. ¿Qué significa esto? Si una empresa constructora obtiene una licitación para una obra, el gobierno informará en un sitio web quiénes son los verdaderos dueños de la empresa. Con esta medida, cualquier ciudadano debería saber quién está detrás de cada contrato público, cerrando espacios a posibles conflictos de interés o empresas de origen dudoso. Este compromiso debería empezar a implementarse a partir de marzo de 2025.
Otro punto importante es restringir las excepciones que permiten al Estado comprar bienes o servicios sin concurso competitivo. Recientemente una figura legal denominada “proyecto estratégico” fue utilizada para justificar contrataciones directas, es decir, sin licitar, lo que reducía la transparencia y la competencia por esos contratos. Ahora, el gobierno acordó emitir regulaciones que definan con precisión qué puede considerarse “proyecto estratégico” y establecer requisitos de reporte y supervisión cuando se use esa excepción, para evitar abusos. En resumen, se trata de que las compras públicas se hagan preferentemente bajo licitación abierta; y si por alguna razón justificada no se licita, que ese proceso excepcional quede bien documentado y supervisado.
A partir del presupuesto de 2026, el Ministerio de Hacienda incorporará, por así decirlo, una visión de mediano plazo en la planificación fiscal. Cada propuesta de presupuesto anual vendrá acompañada de un Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es un plan plurianual donde el gobierno proyecta ingresos, gastos, metas de déficit y deuda para los próximos años; a modo de presentar el presupuesto, pero enmarcado en un plan fiscal más amplio. Este incluirá un listado plurianual de proyectos de inversión (por ejemplo, obras públicas previstas a varios años, incluyendo asociaciones público-privadas) y un análisis de riesgos fiscales (escenarios que podrían afectar las finanzas, como posibles costos no previstos).
También como parte de los compromisos, el gobierno deberá promover y aprobar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal en 2025. Esta ley establecerá reglas claras para el manejo de las finanzas del Estado. En términos simples, fijará límites al déficit y al crecimiento del gasto público, y requerirá que el gobierno mantenga una trayectoria sostenible de deuda. También incluirá cláusulas de escape –excepciones bien definidas para casos de emergencia, como desastres naturales– y obligaciones de transparencia, como la publicación anual de los gastos tributarios (esto es, cuántos ingresos deja de percibir el fisco por exenciones o incentivos fiscales). Una ley de este tipo funcionará como un marco permanente que obligue a esta y futuras administraciones a ceñirse a la disciplina fiscal, evitando desequilibrios que pongan en riesgo la estabilidad económica.
La entidad encargada de auditar al Estado, la Corte de Cuentas de la República, será objeto de una reforma legal. El objetivo es dotarla de mayor independencia y capacidad técnica para fiscalizar el uso de los fondos públicos sin interferencias políticas. Entre los cambios planificados está garantizar autonomía financiera y un mandato claro en materia anticorrupción. Esto podría implicar que los magistrados de la Corte de Cuentas tengan protección frente a presiones externas y que la institución pueda auditar e investigar irregularidades en todas las entidades estatales, incluso las que antes podían quedar fuera de su alcance. Asimismo, se busca mejorar la coordinación entre la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República (encargada de perseguir delitos), estableciendo protocolos para compartir información y denunciar hallazgos de posible corrupción. Con estas reformas, se espera que la Corte de Cuentas evolucione hacia un órgano de control moderno y efectivo, capaz de detectar y disuadir el mal uso de los recursos públicos.
Ya en 2024, como paso previo al acuerdo, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley Anticorrupción. Esta ley exige que los altos funcionarios del Estado presenten y publiquen sus declaraciones patrimoniales y de intereses, de forma periódica. En lenguaje ciudadano, significa que ministros, viceministros, magistrados y otros funcionarios de primer nivel deben transparentar qué bienes poseen y si estos crecen durante su gestión, de manera que la sociedad pueda monitorear posibles enriquecimientos ilícitos. La efectiva implementación y aplicación de la ley será clave para prevenir la corrupción desde la cúpula del gobierno. Adicionalmente, el gobierno se ha comprometido en el acuerdo con el FMI a reforzar las normativas de acceso a la información pública, asegurando que la ciudadanía pueda obtener datos estatales sin trabas, salvo contadas excepciones justificadas. Todo este paquete normativo –desde la Ley Anticorrupción hasta las reglas fiscales– forma parte de la reconstrucción del andamiaje institucional que vela por el uso correcto del dinero público.
Los compromisos asumidos por El Salvador en el marco del acuerdo con el FMI representan un giro importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas en las finanzas públicas. Si se cumplen a cabalidad, estas medidas permitirán que tanto las instituciones de control como la ciudadanía puedan vigilar mejor el uso de los impuestos y préstamos. Contar con información fiscal abierta –presupuestos detallados, datos de empresas estatales, beneficiarios de contratos– facilita que los ciudadanos supervisen al gobierno y denuncien eventuales irregularidades con evidencia en mano. A su vez, reforzar entidades como la Corte de Cuentas e introducir reglas fiscales mediante ley dará continuidad y solidez a una nueva institucionalidad fiscal, independientemente del gobierno de turno.
Por otro lado, se espera también que los organismos internacionales e inversionistas observen estos avances. Un país con finanzas ordenadas e información clara genera mayor credibilidad, lo cual puede traducirse en más inversión y apoyo financiero en mejores condiciones. En pocas palabras, la sostenibilidad fiscal a mediano plazo –es decir, la capacidad del país de manejar su deuda y gastos sin caer en crisis– está relacionada con la transparencia.
Así las cosas, reconstruir la institucionalidad de las finanzas públicas requerirá la persistencia y vigilancia continua. Sin embargo, los pasos acordados sientan las bases para que en El Salvador el uso del dinero público vuelva a estar bajo control ciudadano e institucional. Al final del día, responder ¿quién vigila el uso de nuestros impuestos? con acciones concretas significa reafirmar que ese rol lo cumplen instituciones sólidas y la misma ciudadanía informada, en beneficio de toda la nación.