A lo largo de la pequeña historia salvadoreña, accidentada a más no poder, ha habido varios momentos clave que no siempre se ponderan como tales. Sin embargo, estos explican, sin duda, lo que ahora somos. O lo que creemos que somos.

Aunque el lapso 1811-1821, correspondiente a los acontecimientos de la independencia de España, es objeto aún de mucha labor de investigación, lo cierto es que el paisaje económico-social-ambiental de El Salvador no se vio modificado.

Es con la generalización del cultivo del café y la concomitante modificación de las formas de propiedad que el paisaje económico-social-ambiental experimentó un drástico cambio. Los primeros datos de exportación de café registrados son de 1864, pero es quizá desde la década de 1850 cuando ese cambio comenzó a tomar forma.

Las características de la producción cafetalera, y ya en su dimensión exportadora, requería de la forma privada de posesión de la tierra en cultivo. El solo hecho que las primeras plantaciones tenían que esperar 5 años para obtener las primeras cosechas, es uno de los factores. La malla cafetalera, empero, llevó cierto tiempo para que tuviera su correlato político. Y este llegó con la gestión gubernamental encabezada por Rafael Zaldívar, que discurrió de 1876 a 1885. Pero que para 1876, de hecho, el paisaje económico-social-ambiental ya había mutado. La disolución de las tierras comunales y de los ejidos (en 1881), los tendidos de las primeras líneas férreas de Acajutla a Sonsonate (en 1882) son el anuncio de que los propietarios y los procesadores del café (beneficiadores) habían logrado consolidar una modificación profunda en El Salvador.

Después de este lapso, no importó si quienes detentaban el poder político eran más ‘conservadores’ o más ‘liberales’, la matriz agroexportadora donde el café hegemonizaba estaba implantada de manera firme y troquelaba con su mano de hierro la sociedad salvadoreña.

Pero el dominio político que se sustentaba en la agroexportación cafetalera tuvo un grave traspié en 1927, cuando el gobierno encabezado por Pío Romero Bosque se desmarcó de aquel guion autoritario que ya no podía dar cuenta acerca de la complejidad social que para esa fecha mostraba sus evidencias. Esta gestión gubernamental fue un modesto intento por conformar un grupo de poder, pero como se limitó al asunto del quehacer de gobierno y no intentó nada en cuanto al ámbito de la esfera económica, quizá por eso sus alcances no fueron significativos. Solo en lo concerniente a la cuestión política.

La contingencia de la gran crisis internacional de 1929 fue un elemento que avasalló las posibilidades para que países pequeños como los de Centroamérica, y El Salvador en particular, pudieran esbozar un camino de autonomía y de bienestar social para sus habitantes.

En esas condiciones se arribó a la crisis política más difícil que se había vivido desde la Independencia: la que se configura desde el 2 de diciembre de 1931 (cuando tiene lugar un golpe de Estado), que pasa por el levantamiento insurreccional campesino en el occidente del país (que duró unos 5 días) y que se cierra a finales de 1932 cuando la represión gubernamental ha liquidado ya todas las tentativas, reales y ficticias, de insubordinación social.

A diferencia del lapso 1876-1885, el tramo 1931-1932 no provocó cambios en el paisaje económico-social-ambiental. De haber tenido éxito el levantamiento insurreccional (hecho improbable, dada su estructuración orgánica y su arsenal comprensivo de la realidad a transformar) de enero de 1932, tal vez se habría dado una ruptura estructural ahora difícil de precisar.

La reacción gubernamental y propietaria frente a esa impresionante demostración de descontento social campesino logró su propósito: cortar de un cuajo cualquier empeño de cambio. Sin embargo, ese grupo de poder encabezado por Maximiliano Hernández Martínez y parte de la cúpula militar y algunos elementos del circuito agroexportador, no se planteó nada nuevo. Pasó de largo por los factores estructurales que habían propiciado el estallido social de enero de 1932 y las medidas emergentes adoptadas de corto plazo (Ley Moratoria) y de mediano plazo (creación del Banco Central de Reserva y creación del Banco Hipotecario) apuntaron a consolidar lo existente y a darle continuidad a un modelo político autoritario de largo plazo, de acuerdo con lo expresado en sus aburridos y monocordes monólogos públicos (que han quedado registrados, aunque no han sido analizados con cuidado) por el vocero, guía y mentor de aquello que se amparaba bajo la sombrilla del Partido Pro Patria: Maximiliano Hernández Martínez.