La política fiscal es la herramienta que tienen los países para garantizar que las personas gocen plenamente de sus derechos. Su diseño define, entre otras cuestiones, en qué medida cada integrante de la sociedad contribuye a la construcción de lo colectivo, es decir, determina quiénes pagan impuestos y quienes no lo hacen.

En América Latina la política fiscal enfrenta varios desafíos estructurales, tan solo en el ámbito de los ingresos públicos los retos son muy grandes porque los sistemas tributarios son bajos y tienen una estructura regresiva, por lo que las personas más pobres terminan contribuyendo más que las ricas al financiamiento del Estado; prevalecen los privilegios fiscales y altos niveles de gasto tributario; además hay una limitada efectividad del combate a la evasión y elusión fiscales, a la planificación fiscal agresiva, el contrabando, la defraudación aduanera y los flujos ilícitos de capital. Todo esto ocurre al mismo tiempo en el que la insuficiencia del gasto público para garantizar derechos es cada vez más evidente; en el que los niveles deuda pública son crecientes y con altos costos de oportunidad; y, en el que se observen serios retrocesos en el acceso a la información pública, transparencia y participación ciudadana. Los desafíos son múltiples y complejos, pero al mismo tiempo es urgente empezar a construir respuestas y soluciones integrales que permitan avanzar en una política fiscal que abone a la igualdad, al desarrollo y a la democracia.

En este contexto, la última semana de julio, en Cartagena se desarrolló la Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa que fue convocada por los gobiernos de Colombia, Chile y Brasil, y que contó con la participación de representantes gubernamentales de 16 países, representantes de organismos internacionales y regionales y de la sociedad civil. Como resultado de la cumbre se obtuvo la creación de una instancia permanente de coordinación tributaria que permita la discusión inclusiva y transparente de los desafíos comunes que se presentan en la región en materia de tributación internacional. La plataforma busca fortalecer la voz de la región en los debates globales que permitan avanzar en un sistema tributario que sea incluyente, sostenible y equitativo; además se espera que pueda coordinarse la acción conjunta de los países de la región en materia tributaria para facilitar el intercambio de información y la reducción de la competencia fiscal contribuyendo así al fortalecimiento de la recaudación tributaria, lo que permitiría contar con los recursos necesarios y suficientes para dar respuesta a las crisis económicas, sociales y ambientales que enfrentan los países latinoamericanos. Un componente importante de este nuevo espacio de reflexión y discusión es que busca tomar en cuenta tanto elementos técnicos como políticos.

El nacimiento de la plataforma es un primer paso muy importante, pero lo fundamental será el trabajo y las discusiones que se impulsen desde este espacio, por ejemplo, la sociedad civil que participó en la primera cumbre instó a la discusión de algunos ejes temáticos prioritarios: el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y en asuntos ambientales como principios generales que guíen e informen la toma de decisiones tributarias; la promoción de la progresividad y la equidad de los sistemas tributarios de la región; la promoción de reformas de la tributación corporativa, en especial de las empresas multinacionales; implementar mayores medidas de transparencia fiscal; implementación de impuestos ambientales; revisión de privilegios fiscales con criterios de transparencia y equidad; promoción de una gobernanza tributaria global inclusiva; incorporación del enfoque de género en la política fiscal; descolonización de los estándares sobre tributación y transparencia internacional; y, la promoción de la participación ciudadana en las discusiones de la nueva plataforma.

Ojalá este nuevo espacio de debate permita avanzar hacia la construcción de un pacto fiscal en la región, un acuerdo que permita contar con una política fiscal que promueva el crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y justicia social. Ojalá que El Salvador participara en este espacio. Ojalá que para el gobierno salvadoreño avanzar hacia una tributación más justa, sostenible y equitativa tuviera más importancia que un concurso de belleza.