Desde la campaña presidencial pude dar seguimiento que no tenía un plan, un rumbo para la seguridad de Honduras, los antecedentes de su partido político y grupos de poder que la apoyaron hacían presagiar que en pocas semanas al asumir tendría graves problemas, y así fue. Las crisis en el tema de seguridad pública, en las prisiones, en los cuerpos de seguridad y otras áreas han marcado su gobierno. Ante cada evento su gobierno ha reaccionado con mensajes que dan apariencia de dar un golpe de timón, ha destituido funcionarios y nada más. Solo ha sido cuestión de semanas para esperar una nueva crisis.
En las últimas dos semanas ha registrado dos nuevas crisis, la principal masacre de mujeres en una prisión femenina atribuida a disputas entre la mara MS-13 y el Barrio 18 que dejó más de 40 mujeres que murieron calcinadas y otras asesinadas con armas de fuego, una de las mayores tragedias en penales. Luego otra masacre con 11 personas asesinadas al norte de Tegucigalpa, y el miércoles anterior ya con las medidas implementadas, en la carretera Honduras-Guatemala, otro registro sangriento con mensajes hacia el gobierno de la presidenta Castro y su gabinete de seguridad.
La problemática más grave de Honduras, en mi opinión, es el crimen organizado, la droga ha permeado desde hace muchos años y gobiernos la estructura del Estado generando problemas de corrupción e impunidad al más alto nivel. Existen ya plantaciones de Erythroxylum coca, de nombre común coca en territorio hondureño. Hay toda una industria criminal con el tráfico y venta de cocaína. De igual forma hay un segundo problema grave de pandillas criminales pero que no puede ser un distractor del gobierno hondureño.
Tratar de resolver la crisis penitenciaria con el uso de militares no es adecuado, ni lo técnico, las prisiones hondureñas mayoritariamente están controladas por el crimen organizado, verdaderas mafias criminales y otras prisiones por pandillas. Es vital que el gobierno hondureño diseñe un plan de seguridad integral en el cual el primer punto sea el combate al crimen organizado y los grupos de poder de la sociedad hondureña que continúan ganando millones de dólares por permitir el paso de la droga hacia el norte. Denominar a los pandilleros como “terroristas” no es la solución si no revisan y modifican integralmente su código penal, procesal penal, leyes especiales, así como copiar y pegar legislaciones de otros países. El verdadero y principal problema de Honduras es la droga, los demás se derivan de la misma y las pandillas que aparecen como empleados del crimen organizado.