Esta percepción de la población en base a sus experiencias se alinea completamente con lo que muestran los indicadores macroeconómicos. Se observa una desaceleración económica que sitúa al país con el peor desempeño en comparación con los demás países de la región centroamericana. Además, se ha registrado un aumento constante en los precios de los productos, especialmente en alimentos y bebidas no alcohólicas. También se han observado disminuciones en la recaudación tributaria y en las exportaciones. Para empeorar las cosas, ha habido un incremento en los niveles de pobreza, pobreza extrema y hambruna.
Estos hechos evidencian la difícil situación económica que enfrenta la población y subrayan la necesidad de tomar medidas concretas y efectivas para revertir esta tendencia y mejorar el bienestar de toda la ciudadanía.
Todo esto debería llevar a que la administración pública enfoque todos sus esfuerzos en abordar la realidad y los problemas que más afectan a la población. Sin embargo, lamentablemente, esto no sucede. De hecho, los tomadores de decisiones parecen evadir la realidad e intentar descaradamente hacer creer que la situación económica del país es maravillosa.
En una economía dolarizada como la de El Salvador, el presupuesto público es la herramienta clave para mejorar la situación de la población. Sin embargo, las prioridades del gobierno actual parecen estar en otro lado. Esta semana, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Emisión de Activos Digitales para convertir en instituciones descentralizadas no empresariales a la Comisión Nacional de Activos Digitales y a la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, con el objetivo de que reciban recursos del presupuesto general de la nación para su funcionamiento e inversión. Sí, en un contexto tan complicado para la población, el gobierno insiste en gastar recursos públicos en criptoactivos altamente especulativos.
La población es muy clara al respecto, como lo demuestra la reciente encuesta de la UCA: casi el 85% de la población considera que el bitcoin ha tenido poco o ningún beneficio para su economía.
Además, de forma expedita, la Asamblea Legislativa también realizó modificaciones a la Ley de Creación del Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, como si se tratara de una emergencia nacional. Declararon la adquisición de equipos, bienes y servicios, así como la construcción y reconstrucción de infraestructuras deportivas como urgentes. Para lograr esto, el Comité podrá solicitar apoyo a prácticamente cualquier institución del Estado, lo cual implica que cada institución tendrá que destinar recursos de su propio presupuesto para tales fines. Esta situación, además de poner de manifiesto la pobre planificación por parte del gobierno, refleja que la apariencia de quedar bien con los juegos es más importante que abordar realmente los problemas de la ciudadanía. Como es característico de esta administración, se ha indicado que estas reformas son retroactivas y permiten evitar la aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley de Compras Públicas, lo que conlleva una enorme opacidad en dichas acciones.
Todo esto al final lo que demuestra es que por más que el gobierno diga que escucha al pueblo, en lo concreto sus prioridades son diferentes a las de la mayoría de la población. Es evidente que se requiere un cambio de enfoque en la administración pública, donde se priorice el bienestar y las necesidades reales de la población sobre otros intereses. Es fundamental que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y efectiva para abordar los problemas económicos y sociales que enfrenta el país, en lugar de derrocharlos en gastos innecesarios y de alto riesgo y sobre todo de escaso beneficio para la mayoría de la población.