Este año deberíamos esforzarnos más por no tolerar ningún acto de corrupción, lamentablemente, este no es un fenómeno del pasado, y tanto antes como ahora es igualmente condenable porque implica la pérdida de recursos, pero sobre todo la pérdida de oportunidades para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía. A la par de estos esfuerzos debemos continuar recordando a los funcionarios que la rendición de cuentas y la transparencia son los mejores antídotos contra la corrupción, y que exigirlas no representa ningún ataque político.
Necesitamos también exigir a las autoridades a implementar políticas públicas sin “margen de error”, particularmente en materia de seguridad. No se puede seguir considerando que el estado de excepción es una estrategia exitosa y envidiada por otros países cuando su aplicación ha provocado innumerables denuncias de vulneraciones y violaciones de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía; además, no podemos olvidar que, en las recientes festividades, muchas mesas tuvieron sillas vacías de personas inocentes a los que el Estado les ha vulnerado sus derechos, criminalizado, sin tener nada que deber.
En 2023 tampoco debemos abandonar la lucha por recuperar y reconstruir la institucionalidad democrática del país. Un sólido estado de derecho y la independencia de poderes son indispensables para la garantía de los derechos humanos, la construcción de la paz y el desarrollo de nuestro país. En este sentido también es importante continuar trabajando por reivindicar el diálogo y el respeto al disenso, para evitar que continúe el cierre del espacio cívico, la persecución de voces críticas del actuar gubernamental y la promoción leyes que atentan contra organizaciones de sociedad civil personas defensoras de derechos humanos, activistas, y periodistas independientes, todos partes fundamentales del sistema de contrapesos que evitan los abusos de poder.
Otra de las condiciones urgentes que debemos atender este año es la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Históricamente este tema ha estado relegado al último lugar en la política pública, por lo que este año debemos ser más exigentes con las autoridades del Legislativo y Ejecutivo para que asuman un compromiso real con la garantía del derecho a un medio ambiente sano, la acción climática y la protección de la biodiversidad.
Este año debemos demandar mayores esfuerzos nacionales para la prevención, protección y atención de todo tipo de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres; así como para avanzar en la construcción de la justicia económica, social y fiscal de una manera inclusiva y sensible al género. Las niñas, adolescentes y mujeres tienen derecho a vivir en un país libre de violencia contra ellas; debemos exigir que el Estado salvadoreño cumpla con el mandato de garantizar este derecho.
Y, por supuesto, no podemos dejar de lado la necesidad de seguir trabajando por transformar la política fiscal salvadoreña, en 2023, persistirá la insostenibilidad de la deuda pública y las necesidades gubernamentales de financiamiento, a pesar de la recién aprobada reforma de pensiones. De igual forma persistirá la insuficiencia de la recaudación y del presupuesto público para garantizar los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía, algo que se complejiza al considerar el enfoque de austeridad adoptado por el gobierno y por el hecho de que este será un año preelectoral, en el que la vieja tentación de utilizar los recursos públicos para campañas políticas intentará hacerse presente.
El ambiente esperanzador que representa el inicio de un nuevo año nos debe motivar para construir lo que nos falta para vivir en una sociedad en la que todas las personas podamos ejercer plenamente nuestros derechos, una sociedad en el que todas y todos podamos ser felices.