Para 2024 el panorama se presenta retador, ya que las proyecciones de crecimiento son menores al previsto para el cierre de 2023 (2.2%). Para el FMI, por ejemplo, si no hay cambios sustanciales en el entorno económico, la economía salvadoreña podría crecer 1.9%; esto en un contexto donde el déficit fiscal parece ser incontenible y la deuda pública incontrolable. Como aspecto positivo, se prevé una reducción de la inflación a 2.4%, lo cual se espera que se traduzca en la mejora de los saldos reales y mejora del consumo. Esto sucedería en un año electoral donde la estructura de incentivos de los agentes económicos debe ser clara para tener una perspectiva del impacto de sus decisiones de ahorro e inversión.
Por enésima vez inicia el año y se escuchan las voces sobre los riesgos que implica los elevados niveles de endeudamiento y el ajuste que se requiere para mitigarlos. Esto es algo concomitante al quehacer económico de los últimos años. El abordaje de este problema ha buscado una salida sui generis que puede incorporar riesgos incluso más altos por otras vías: reestructuración de la deuda de corto plazo y reforma de pensiones con canje de títulos de deuda previsional. Hasta este momento todo parece haber funcionado, pero siempre es bueno estar expectantes, sobre todo si los recursos que financian las jubilaciones a futuro y los empréstitos de la banca comercial con el gobierno involucran recursos que son aportados por las familias y trabajadores, como creo que sucede como amplios sectores medios del país. Quizás sería conveniente preguntarse si tales estrategias solo son un artilugio por soslayar un ajuste, que, en el largo plazo, al fin de cuentas, puede resultar más grave que la enfermedad. O, pero aún, solo son medidas para ganar tiempo de algo que será insoslayable a futuro.
En medio de los vaivenes de la economía, y en un periodo con contexto electoral, es extraño que no esté en la palestra de la opinión pública con claridad el quehacer gubernamental para mejorar la economía de las familias y empresas. Es decir, si un gobierno que opta por un segundo periodo prácticamente con el mismo mandatario al frente del Ejecutivo tiene delineada una estrategia clara de su política económica, o para los cinco nuevos años que se avecinan será de nuevo más de lo mismo de acciones caracterizadas un poco al paso y apaga fuego sin tener una agenda de trabajo con claridad. O más interesante aún, quizás el gobierno no lo ha dicho, pero no cree en la política económica, es decir, en un papel de intervención del Estado en la economía, por lo que deberíamos acomodarnos a nuestras capacidades económicas y lo que vaya saliendo al paso de nuestras decisiones económicas.
De algo podemos estar seguros, que las remesas seguirán fluyendo hacia El Salvador y representando más de una quinta parte del PIB, lo cual contribuye a sostener la economía y a camuflar –por así decirlo—los altos niveles de pobreza y deterioro de la economía que se viven en regiones del país. De no ser por estos recursos, probablemente El Salvador sería invivible e intratable para cualquier político al frente de un gobierno, pues las condiciones de deterioro ya habrían impulsado algún cambio político. Con un déficit de cuenta corriente previsto para 2024 por el FMI de 4.5%, y con fuertes necesidades de financiamiento del gobierno para cubrir el pago de su deuda aunado con un flujo reducido de Inversión Extranjera Directa, sin duda que las remesas no solo tiene un papel medular en la economía familiar si no también contribuyen a que las cuentas públicas no se vean tan deterioradas, pero acomodarse a eso sin sostener una estrategia de crecimiento económico con relativa claridad es, sin duda, un grave error.
De lo que habría que estar seguro, es que la tónica del funcionamiento de la economía e incluso de la política salvadoreña estará cada vez más determinada por lo que haga o deje de hacer el gobierno en beneficio de los estratos medios de la población, ya que estos son los que están resintiendo algunos efectos negativos y este tópico podría ser determinante no solo de cara a los eventos electorales que se avecinan sino también para los niveles de percepción de legitimidad con la que cuenta el gobierno.