Entre los avances de aquel acuerdo, dio inicio en el país la construcción de nuevas instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la evolución constante de nuevas reglas de competencia bajo la premisa de la propia capacidad de vigilancia de los actores políticos en contienda. A este factor contribuyó, aunque limitado por los intereses de la correlación dominante, un órgano legislativo pluralista en constante efervescencia del debate parlamentario y frecuentemente tensionado por la demanda de organizaciones sociales, ONG, fuerzas políticas y una amplia batería de medios de comunicación empujando por actualizar y modernizar el marco jurídico del país.
La apertura política, institucional y mediática generada por el periodo de paz abrió las puertas facilitando distintas formas de organización política y social; estimulando el debate de pensamiento, amplió los vínculos con las más diversas corrientes de pensamiento político, conectando con una diversidad de tendencias internacionales para la modernización estatal, poniendo en jaque a una institucionalidad anquilosada y supeditada a las características propias del Estado dictatorial impuesto por décadas hasta el Acuerdo de Paz. Esta efervescencia extendió el debate especialmente en sectores organizados y académicos sobre temas como la democracia, Derechos Humanos, diversidad, derechos de las mujeres, agua, medio ambiente y sustentabilidad; emprendedurismo, desarrollo local y participación ciudadana; transparencia, acceso a la información pública y anticorrupción.
Lamentablemente la polarización y la falta de capacidad de entendimiento y creatividad dentro de cada una de las fuerzas políticas dominantes, y entre izquierda-derecha (Arena/FMLN), situaron el debate solo en una parte de los organizados y partidarios, hasta caricaturizar la polarización; dejando a la sociedad en su conjunto al margen de los grandes temas nacionales. Esto provocó que no avanzara la construcción de una verdadera cultura de paz, tal como lo describe el acuerdo de Chapultepec, para empoderar lo suficiente a la sociedad civil en contribuir al rumbo del país, orientada al encuentro de un proyecto de interés nacional que diera continuidad a los grandes temas del desarrollo económico y social, ausentes por factores de correlación dentro de los Acuerdos firmados.
A estas alturas, si se les pregunta a muchas personas jóvenes ¿con qué asocian la palabra “Chapultepec”? probablemente la respuesta sea muy distante de los Acuerdo de Paz y la mejor referencia esté situada en el recuerdo de la terraza de una reconocida marca expendedora de bebidas espirituosas y refrescantes, propia de la parte “zángana” de la Semana Santa.
Por lo tanto, la reciente expulsión de El Salvador de la Alianza Global por un Gobierno Abierto a causa del incumplimiento de estándares democráticos, falta de mecanismos de participación ciudadana, socavamiento de la democracia, inactividad en los compromisos a lo largo de tres años e incapacidad gubernamental de expresar y presentar planes de trabajo sobre Rendición de Cuentas, era de esperar y evidencia el retroceso claro en estas materias. El gobierno reprobó el examen y fue expulsado de la clase, no hizo su tarea. La pregunta es ¿por qué?, ¿por rebeldía?, ¿por incapacidad? O simplemente porque no puede dar las explicaciones que la ciudadanía y la comunidad internacional le está requiriendo. Usted saque sus conclusiones.
Esta expulsión del país de un foro internacional tan relevante es una muestra del retroceso institucional y democrático, de la pérdida de transparencia trazada por los Acuerdos de Paz y que tanto esfuerzo había costado a la sociedad civil. Quienes pierden con la opacidad son los ciudadanos.