El abogado Francisco Díaz Rodríguez sugirió el miércoles, en el foro “La importancia de la Corte Suprema de Justicia y la elección de magistrados” organizado por Observa El Salvador, que se exija al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a formar una lista de abogados elegibles, que cumplan los requisitos, para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“No podemos ocultar las instituciones que están ni intentar animar, realmente está carcomido el sistema, está podrido el sistema y cuando se caiga vamos a tener que construir un sistema diferente”, indicó, en un inicio.

Sin embargo, “específicamente en torno a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, sugirió a las instituciones preocupadas por la elección de la CSJ “que se concentren en la obligación que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura de formar una lista de abogados elegibles para magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

Explicó que el CNJ “forma una lista general de abogados que están habilitados para el ejercicio de la abogacía”, pero agregó que “está obligado a formar una una lista de abogados habilitados como magistrados de la CSJ”, pero que se le debería exigir al Consejo “que, para formar esa lista, exijan todas esas condiciones”, como mostrar antecedentes de estudios.

Según el artículo 176 de la Constitución de la República, para ser magistrado de la CSJ, se requiere ser salvadoreño, mayor de 40 años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias, haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante seis años o una judicatura de primera instancia durante nueve años, o haber tenido autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos 10 años antes de su elección, estar en el goce de los derechos del ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo.

Para Omar Serrano, vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), aseguró que la elección de magistrados es importante “por ser uno de los poderes del Estado que corrige los excesos de poder”. “Si tenemos malos magistrados de la CSJ, lo más seguro es que vamos a tener malos jueces”, afirmó.

Por su parte, el juez de sentencia de Zacatecoluca, Antonio Durán, señaló que en El Salvador “lo que hay es sumisión, lo que hay es obediencia”. Según Durán, el miedo “es el signo de este tiempo” y aseguró que existe la idea del “juez funcionario”. “Son copartícipes de la dictadura”, amenazando a los colegas, “te van a trasladar”, dijo. Durante el foro se señaló la importancia de la independencia y de la imparcialidad de los magistrados.

La Asamblea Legislativa se dispone a elegir un tercio de la CSJ, cinco magistraturas propietarias y sus respectivos suplentes, antes del 23 de septiembre, para el periodo 2024-2033. Sin embargo, buscan elegir a dos magistrados adicionales que sustituirán a un magistrado que falleció y otro que renunció para el periodo 2021-2030.

"Concurso público de antecedentes y de oposición"

El abogado Francisco Díaz aseguró que en El Salvador la Constitución no está rigiendo la vida institucional y política del país, ya que esta exige separación de poderes y Estado de Derecho, es decir, la subordinación a las normas establecidas.

Explicó que, así como “la Asamblea Legislativa está convertida en un pasapapeles”, “de la misma forma está actuando la Corte Suprema de Justicia”, sin embargo, advirtió que la situación es mejor de la que se vivió antes de los Acuerdos de Paz cuando la Asamblea podía elegir nominalmente a los magistrados, sin más requisitos y a su vez la CSJ tenía atribuciones de nombrar a todos los jueces.

Actualmente, hay un periodo de nueve años para los magistrados, la CSJ tiene que renovarse en terceras partes y la elección da a partir de una lista propuesta por el CNJ y los abogados.

“Eso es un avance y sería un avance si la conformación de esa lista nos diera algún tipo de garantía de que en esa lista están realmente los mejores candidatos o magistrados”, apuntó.

El abogado, sin embargo, explicó que El Salvador está en una fase en donde el proceso de selección no alcanza a ser el modelo “técnico burocrático”, que, citando un autor argentino, dijo que “es el único procedimiento democrático capaz de garantizar una judicatura técnicamente calificada”, porque se da a través de “un concurso público de antecedentes y de oposición”.

“¿Qué quiere decir esto?, que habiendo una vacante solo podrán aspirar aquellos que tengan antecedentes suficientes, calificados, pero además de eso, tendrán que oponerse a otros candidatos que tengan iguales características para que unos terceros decidan”, explicó.