La Asamblea Legislativa aprobará este martes tres contratos de préstamos de El Salvador por $400 millones para mejorar la conectividad vial, generar empleo, ayudar a desarrollar emprendimientos e incluso transferencias monetarias a familias perjudicadas por el cambio climático.
El primero es un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $150 millones para el “Proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador”; la autorización fue aprobada el 9 de enero de 2024.
El director general de Crédito Público, Marlon Herrera, explicó a los legisladores que los fondos se destinarán para un proyecto de transporte en la zona norte de San Salvador y serán ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas; para completar el proceso de legalización se requiere que la Asamblea ratifique dicha suscripción. El objetivo "es mejorar la red vial nacional mediante el fortalecimiento de la infraestructura correspondiente, esto implica facilitar la movilización del transporte de carga en la zona norte de San Salvador”, explicó.
Con estos fondos, se construirá el bypass de Apopa de 4.8 kilómetros, intersecciones con la red vial local existente, pasos subterráneos y elevados, diseño, ejecución y supervisión de obras complementarias, y se adquirirá equipo para iluminación, señalización, control de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal “con enfoque social y medioambiental”, dijo Herrera.
También, se realizarán estudios para futuros proyectos de carreteras para mejorar la conectividad vial.
El segundo préstamo asciende a $150 millones del BIRF para el “Proyecto promoviendo oportunidades de empleo y desarrollo de habilidades en El Salvador”. La suscripción de este crédito fue autorizada el 9 de enero de 2024 por la Asamblea Legislativa.
“El objetivo es desarrollar el acceso a oportunidades de empleo y el desarrollo de habilidades de grupos poblaciones seleccionados, priorizando a los jóvenes, que les permita la incorporación de personal capacitado a puestos de trabajo en el sector privado y, además, tener capacidad para el desarrollo de emprendimientos. Este programa será ejecutado por el Ministerio de Economía a través de diferentes entidades... Este programa va enfocado a beneficiar a 180,000 personas”, explicó el funcionario.
El tercero asciende a $100 millones del BID para el “Programa para la protección social responsiva a choques en El Salvador”, cuya autorización fue aprobada el 9 de febrero de 2024.
Con este programa, a través de la Dirección General de Subsidios, se mejorarán las capacidades tecnológicas, se realizarían transferencias monetarias a diferentes beneficiarios perjudicados por el cambio climático, responder de manera inmediata ante un shock de emergencia social o ambiental, se generará una base de datos de hogares en zonas vulnerables para tener la capacidad de seleccionar y beneficiar a familias afectadas por alguna emergencia como tormentas, terremotos o ante la carestía de acceso a bienes básicos.
“Los hogares a priorizar a beneficiar serán en extrema pobreza, hogares liderados por mujeres, hogares con niños menos de 8 años y también con adultos mayores de 70 años y los elementos elegibles para obtener el beneficio serán haber sido afectados por huracanes, inundaciones, tormentas, terremotos, sequías, incremento del precio de alimentos, entre otros”, detalló el representante de Hacienda. Los tres decretos serán aprobados en la sesión plenaria de este martes 9 de abril.
