La reforma a la Ley Transitoria de Compensación Económica por Retiro Voluntario de Sectores Públicos Jubilados o Pensionados del Órgano Ejecutivo, Entidades Descentralizadas No Empresariales y Entidades Autónomas incluye de que identificarse “falsedades, inexactitudes” o cualquier otro error que pueda significar un delito, la institución deberá remitir el caso hacia la Fiscalía General de la República (FGR) y el infractor reintegrará el dinero recibido.
La reforma amplía del 18 de noviembre de 2023 al 1 de enero de 2024 los efectos de las medidas a excepción del pago de compensación regulada en el artículo 4.
La “ley es precisamente una motivación garantista... cuando hablamos de esto, hablamos de un retiro digno”, aseguró el diputado oficialista Jorge Castro.