El presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (Agepym), Mario Montes, aseguró que nunca han creído en las Cuentas Individuales de Ahorro para Pensiones (CIAP), establecidas en la actual Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP).

“Esa cuenta nunca la hemos visto, nunca hemos creído en esa cuenta individual, esa fue parte de la trampa cuando se hizo la ley”, afirmó Montes, uno de los líderes sindicales que realizaron demandas de reforma de pensiones al presidente de la República, Nayib Bukele, el 7 de octubre de 2021 en Presidencia, que aún no entrega la propuesta a la Asamblea Legislativa.

Las propuestas sindicales entregadas a Casa Presidencial eliminan la figura de las cuentas individuales para crear un sistema de reparto que reúna los ahorros de los trabajadores, así como los distintos instrumentos de inversión, y lo convierta en un fondo solidario.

¿Sistema mixto?

Los sindicalistas, sin embargo, no rechazan una propuesta de sistema mixto voluntario, aunque no lo consideran la mejor reforma. Ante la pregunta de Diario El Mundo, Solórzano reconoce que fue una propuesta que hicieron al expresidente Salvador Sánchez Cerén. “Como píldora, a lo mejor pueda ser”, dice. Sin embargo, prefieren una solución “radical” que “responda a los trabajadores”.

“Yo creería y se lo he planteado personalmente al presidente (Bukele) que el sistema mixto, si bien es cierto lo entendemos como el quiebre técnico de las AFP (Administradoras de Fondos para Pensiones), creeríamos que mejor vamos directo a nacionalizar las pensiones, que los señores de las AFP nos entreguen los certificados y si nos tienen que entregar instalaciones pues, bueno”, sostiene.

“Últimos retoques”.

El 24 de marzo, el presidente salvadoreño aseguró que daban “los últimos retoques” a la propuesta. “No hay sido fácil, tomando en cuenta que casi todos los recursos ya habían sido gastados por los gobiernos anteriores”, expresó.

De acuerdo a Agepym, uno de los temas por los cuales “el presidente ha tardado bastante en presentar esta nueva ley” es que se “tendrían que entregar las instalaciones” de empresas “que han sido financiadas por los fondos previsionales”. “Tendríamos que tomar posesión de esos inmuebles. Para el presidente es una prueba de fuego. Si él nos falla, será el inicio de muchas luchas, estamos dispuestos a defender lo último que nos queda”, dice el sindicalista Roswal Solórzano.