Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación salvadoreños aumentaron de 187 a 311 casos de 2022 a 2023, en un 66.3 %, según el "Informe sobre Libertad de Prensa en El Salvador 2023" elaborado con datos del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y presentado este miércoles.

Dentro de las agresiones, se registraron 21 intimidaciones, 11 retenciones arbitrarias, 7 agresiones verbales, 5 amenazas legales, 4 vigilancias, 4 difamaciones, 4 amenazas, 3 censuras, 2 detenciones arbitrarias de un familiar y 2 hostigamientos judiciales. Cuarenta agresiones estuvieron relacionadas al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Según la APES, más de la mitad de agresiones proviene del Estado: 89 fueron cometidas por un funcionario público, 25 por la Policía Nacional Civil (PNC), 16 por empleados públicos, 15 por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), 7 por una institución pública, dos por el gobierno, una por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), una por un docente de la Universidad de El Salvador, una por la Fiscalía General de la República (FGR) y ocho por un medio estatal.

La mayoría de agresiones, según la APES, son declaraciones estigmatizantes, seguidas del acoso digital, restricciones al ejercicio periodístico, las calumnias y la violencia basada en género.

Más de la mitad de agresiones se dieron en el espacio virtual pero el resto se da en lugares físicos, en su mayoría, en el departamento de San Salvador.


Agresores según el informe de la APES

El informe menciona que el diputado Christian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, encabeza el listado, seguidos del exdiputado Romeo Auerbach, el diputado Ernesto Castro, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez; el presidente Nayib Bukele, y luego los diputados Carlos Bruch, William Soriano, Walter Alemán y Guillermo Gallegos.

La APES asevera que Diario El Salvador y Noticiero El Salvador realizaron ocho agresiones, tres calumnias, tres declaraciones estigmatizantes y dos agresiones de difamación.

Otros agresores, agrega, son usuarios de redes sociales, periodistas, medios, youtubers, empresas privadas, partidos, estudiantes, universidades privadas, políticos y empresarios.

El informe detalla que el mes más violento contra los periodistas fue mayo, que registró 46 agresiones, precisamente el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Libertad de Expresión.

Durante el año, la gremial de periodistas emitió 26 alertas públicas de agresiones a periodistas por parte de agentes policiales, militares, diputados de Nuevas Ideas y funcionarios de gobierno, casi todas en los primeros siete meses del año.

Periodista detenido

El informe relata la captura del periodista comunitario Víctor Barahona el 7 de junio de 2022 en su casa en la urbanización Valle del Sol, Apopa, distrito del municipio de San Salvador Oeste. Detalla que el periodista estuvo detenido durante 11 meses. "En ese lugar recibes torturas psicológicas y físicas... Perdí más de 80 libras de peso... Nos trababan como perros, como ratas... Es un infierno", cita a Víctor Barahona la APES.

Luego de su captura, la radio comunitaria en donde laboraba Víctor Barahona "no le permitió reincorporarse" y "ha decidido hacer contenidos con menos críticas hacia el gobierno". "A sus entrevistados les forma preguntas 'más suaves' para evitar represalias en contra de su familia. Ahora hago las entrevistas con más precaución", indica el reporte.

El el informe también se menciona la captura del padre de la directora de la revista de Mala Yerba.

Así mismo, menciona agresiones contra periodistas mujeres, principalmente de usuarios de redes sociales, funcionarios, otros periodistas o empleados públicos. Lo grave, señala, es que el ataque en el espacio virtual "puede propiciar una escalada en la agresión".

Acoso al periodismo comunitario en El Salvador

El informe recoge el testimonio del director de la radio Izcanal, de Usulután, quien aseguró que sus periodistas son acosados constantemente durante su cobertura con frecuencia por elementos de la Fuerza Armada.

"Cuando un soldado dice que te salgás del lugar, hay que salirse, porque después viene el culatazo", indicó, según la investigación de la APES.

La radio Izcanal, según el reporte de la gremial de periodistas, está "en limbo legal" ya que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) no les ha autorizado el fraccionamiento de la frecuencia. En cualquier momento "nos va a cerrar porque estamos transmitiendo de manera ilegal", citan al director de la radio Izcanal, quien afirma que el periodismo en El Salvador se ejerce "como si estuvieras comiendo pescado, como si te fueras a espinar".