Amnistía Internacional presentó un informe de la situación de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, aprobado a petición del gobierno el 27 de marzo de 2022 y prorrogado en dos ocasiones por la Asamblea Legislativa.
Entre las denuncias registradas por la organización están las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y al menos 23 personas que murieron dentro de centros penitenciarios.
También, documentaron 28 casos de violaciones de derechos humanos correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios.
Amnistía Internacional encontró que “miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales”. Y que se detienen ya sea por tener tatuajes, “por haber sido acusadas por un tercero” de supuestos vínculos con una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o por la zona donde viven.
Responsabilidad penal internacional.
“La política implementada por el Gobierno pudiera dar lugar a responsabilidad penal internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, aunque no detalló qué tipo de responsabilidades.Amnistía Internacional desplegó un equipo de respuesta que ha realizado una investigación en las últimas semanas. Este tipo de equipos se despliega cuando la organización considera que se pueden estar llevando a cabo violaciones generalizadas o sistemáticas que pudieran configurar “responsabilidad criminal internacional”.
Las autoridades han detenido a más de 36,000 personas en el régimen de excepción y oganizaciones de derechos humanos denuncian algunos casos de detenciones arbitrarias de personas que no tienen vinculación con pandillas. “A estas alturas, los tres poderes del Estado tienen conocimiento suficiente para tomar las medidas necesarias que detengan el encarcelamiento ilegal de miles de personas y las muertes arbitrarias bajo custodia del Estado”, agregó.
También, expuso que “una de las máximas expresiones del ensañamiento de las autoridades salvadoreñas se refleja en por lo menos 23 muertes bajo su custodia y la indiferencia con la que han tratado a las familias”.