Los miembros de la Alianza están de acuerdo en que se legalicen las juntas de agua, de las cuales hay unas 2,500 en todo el país, pero creen que es la ASA la que debe facilitar las condiciones de legalización. "Un decreto transitorio podría ser", sugirió Rodolfo Calles, miembro de la Alianza.
Por otra parte, la Alianza aseguró que la medida del nulo cobro para el sector agropecuario por el uso del agua podría verse como buena medida, pero creen que si se analiza en detalle, se concluye que los agricultores no son los que hacen riego en El Salvador, sino la agroindustria.
"La respuesta es no, pues todos estos cultivan en invierno, aprovechan las lluvias y no ocupan el riego. Quienes mayoritariamente usan el riego es la gran agroindustria como la azucarera y ganadera que son los que históricamente no han pagado por la explotación del agua y han contaminado las fuentes", indicó la Alianza.
Además, la Alianza pidió que haga pública la información sobre las autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua, lo que aseguran permitiría ejercer un control social del uso adecuado del agua.