En un discurso en donde manifestó que “más de la mitad de la Agenda 2030” está en camino de ser “un trágico monumento al fracaso” en la erradicación de pobreza extrema y respeto a derechos humanos, mostró su preocupación por la prolongación del régimen de excepción, aplicado desde el 27 de marzo de 2022 y que facilita las capturas masivas de personas sospechosas de pertenecer a las pandillas en El Salvador.
Türk manifestó que en El Salvador es un desafío complejo "poner fin a la criminalidad desenfrenada de las pandillas" y que las causas incluyen déficits en gobernanza, desigualdades e irrespeto a derechos económicos, sociales y culturales fundamentales. "Abordarlos contribuiría a soluciones mejores y más sostenibles", afirmó.Me preocupa la duración excesiva del actual estado de emergencia y las detenciones masivas que se han producido en este contexto, así como las condiciones carcelarias inaceptables y las restricciones del espacio cívico y del debido proceso".
Volker Türk, alto comisionado de DDHH de la ONU.
El funcionario exhortó a los Estados a realizar “cambios fundamentales” y sentenció que los “derechos humanos son un antídoto” contra políticas imperantes de “engaño, indiferencia y represión”.
En general, Türk afirmó que “una y otra vez” ve personas privadas de derechos y “aplastadas por un desarrollo que no es respetuoso ni justo”, y que en todas partes “la gente quiere y tiene derecho a” una vida digna, educación, la libertad de tomar sus decisiones, “información objetiva, no propaganda” y “sistemas de justicia y policía que respeten sus derechos”.
El régimen de excepción fue una medida adoptada por el actual gobierno a partir del 27 de marzo de 2022 luego de una matanza de 87 personas en tres días. Desde esa fecha el gobierno reporta 72,000 capturados y 7,000 liberados.
La medida, que ha prorrogado cada mes porque la Constitución de la República solo permite aprobarla por 30 días, mantiene suspendidos los derechos constitucionales del plazo máximo de 72 horas de la detención administrativa –extendiéndose a 15 días–, derechos relacionados a la defensa y a la privacidad de las telecomunicaciones, facultado a la Fiscalía intervenir comunicaciones sin orden judicial.