Sin objetar su contenido, afirmó en el Canal 33 que algunos convenios ya son cumplidos en El Salvador –protección auditiva a los empleados– pero que el país no tiene “las condiciones fácticas para implementar” otros.
“Es justo que el Estado salvadoreño dicte las leyes que regulan la actividad económica, pero, si no le da al empresario el tiempo justo, si no le informa qué ley va a aprobar, cuando quiere que la implementen y solo le dice mañana, en tres meses como la Ley Bitcoin, se entorpece la operatividad de las empresas y eso hace al país menos atractivo, esas son las prácticas que queremos corregir”, afirmó.
Además, objetó el procedimiento de aprobación de los convenios. “Ser pasapapeles no es merecedor de un cargo público”, dijo, sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa.