La "Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras” estará vigente el día de su publicación en el Diario Oficial.
El decreto estará vigente hasta el 8 de diciembre de 2023, día hasta el cual podrán solicitar a Hacienda planes de pago de sus deudas que podrán cancelar en nueve cuotas, la primera deberá ser al menos del 10 % del total adeudado, que puede ser en IVA, Impuesto sobre la Renta, anticipos o tributos administrados por la Dirección General de Aduanas.
La amnistía aplicará aunque los tributos estén en disputa pendiente por procesos administrativos o incluso penales, si no hay una sentencia judicial en contra, o incluso si declararon cifras incorrectas o pusieron saldos a favor que no correspondían al contribuyente.
Hacienda dispuso del call center 2244-3444 o el WhatsApp 2113-9519 para informar sobre la amnistía fiscal.
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Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados elogiaron la medida y reiteraron que no se estaba perdonando impuestos sino multas e intereses.
El diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, dijo que esto ayudará a comerciantes, empresarios y emprendedores, que no tendrán “excusa” para pagar sus impuestos. Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, dijo que estaban “beneficiando a la población en general” y recriminó amnistías de los gobiernos anteriores.
Elisa Rosales destacó que este año, hasta agosto, se ha aumentado la recaudación en un 2.8 % o $135.3 millones más. “Busca solventar el tema tributario que muchas personas y empresas puedan regular su situación”, dijo.
“Gracias al presidente Nayib Bukele que siempre está pensando en cómo beneficiar a la población salvadoreña”, dijo por su parte el diputado Walter Alemán, quien recordó que el Ministerio de Hacienda les dijo que esperan la recaudación de $44 millones con este decreto de amnistía fiscal.
El diputado John Wright Sol, de Nuestro Tiempo, quien se abstuvo de votar, cree que la medida mejoraría las cuentas públicas pero es "injusta para quienes cumplen con Hacienda" y un "reconocimiento tácito de que el Ministerio de Hacienda no es de todo efectivo en el combate de la evasión fiscal" y "reafirma que el Estado" está en una crisis de "flujo de ingresos".