La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), entidad que sustituirá al Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (Cendepesca).
La ley fue aprobada con 56 votos a favor, con algunos cambios respecto al proyecto presentado por el Ministerio de Economía. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
“Con esta ley vamos a ser beneficiados, no lo digo como diputado, lo digo como productor”, afirmó el diputado Ricardo Rivas, quien preside la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, la cual emitió el dictamen favorable de la nueva normativa. Rivas es productor de tilapia.
El director ejecutivo de la ASEA deberá ser salvadoreño, mayor de edad, poseer título que acredite conocimientos en el área, tener experiencia afín a las funciones encomendadas y estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores al desempeño del cargo. En el proyecto original enviado por Economía se requería título universitario y ser mayor de 40 años.
Además, según el artículo 11 detalla que «el cargo de Director Ejecutivo de la ASEA será compatible con cualquier otro de la administración pública».
La nueva ley permitirá indemnizar a los servidores públicos como consecuencia “del traslado de funciones del Cendepesca a la ASEA”. En Cendepesca, hay 24 plazas con salarios desde $678.11 hasta $1,946.62.
La ASEA podrá decidir “los mecanismos y formalidades” para que los empleados de Cendepesca “puedan continuar ejerciendo sus labores, siempre y cuando se considere oportuno y necesario”, según un segundo inciso agregado al artículo 26.
La ASEA administrará las bases de datos de pescadores y embarcaciones, y buscará el abastecimiento de insumos a precio accesible, y emitirá o suspenderá licencias para extracción de pesca por embarcación.
También, quedará excluida de la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria y del procedimiento de potestad normativa en la Ley de Procedimientos Administrativos.
La Ley de Mejora Regulatoria busca que todas las instituciones públicas tengan transparencia, simplificación de trámites, eliminación de regulaciones innecesarias; mientras, la Ley de Procedimientos Administrativos regula cómo las instituciones públicas ejercen su facultad para emitir reglamentos y normas, con principios de legalidad, participación ciudadana, entre otros.
