De acuerdo a la normativa, los bienes, incluyendo armas, dinero, valores y activos incautados e inmovilizados a estructuras del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico “podrán ser utilizados por las autoridades de seguridad pública”.
De acuerdo a la norma, estos bienes serán trasladados documentalmente “de inmediato” al Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) que emitirá acuerdos de uso a solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad, o del Ministerio de Defensa.
El procedimento se establecerá mediante un reglamento elaborado por acuerdo ejecutivo.
La normativa crearía un fondo especial con el dinero incautado y se pondría a disposición del Conab los vehículos bajo custodia policial.
Actualmente la Ley Especial de Extinción de Dominio, aprobada en noviembre de 2013, permite quitar los bienes provenientes de actividades ilícitas luego de un proceso.
“El Estado necesita recursos inmediatos para tomar o echar mano de ellos”, dijo Caleb Navarro, de Nuevas Ideas.
La diputada Alexia Rivas dijo que los pandilleros “tenían ranchos, lavaban dinero” y tenían unidades de transporte. Afirmó que en 2019 se incautaron $9 millones. “Muchos de ellos se convirtieron en empresarios”, afirmó.