Así, las operadoras estarán obligadas a entregar "toda la información requerida por la Fiscalía" sobre los datos de registro de la línea o de las líneas telefónicas investigadas, los registros de llamadas durante un periodo, los datos del origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica y otros.
Las operadoras estarán obligadas, según la reforma, a tener soluciones técnicas para identificar a los originadores de la llamadas en el marco de la investigación de un delito, en todos sus usuarios.
Así mismo, "todas las instituciones o empresas, nacionales o multinacionales, que tengan operaciones con datos o registros de información en territorio nacional, deben almacenar esa información en servidores locales" y deben tener representación local que dé acceso a la información.
No llevar un registro fidedigno de sus usuarios, no adoptar soluciones para almacenar documentos de identidad con el rostro del usuario y su localización geográfica del primer registro de actividad de la línea, no contar con mecanismos de bloqueo serán infracciones especiales que serán castigadas con multa de 500 a 1,000 salarios mínimos vigentes del sector comercio y servicios por cada infracción: de $182,500 a $365,000.
Actualmente, la multa por las infracciones especiales es de hasta 37 salarios mínimos: hasta $13,505.
La reforma le da un plazo de 180 días (seis meses) a las operadoras telefónicas para adecuar sus sistemas informáticos a las nuevas exigencias de la reforma.
Es mentira que se quiera este tipo de herramientas para espionar, perdonen. Este es otro golpe contundente contra los terroristas y los criminales. –Guillermo Gallegos, diputado de Gana.