La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado introduce reglas para solicitar el procedimiento abreviado a favor de imputados que confiesen contra copartícipes o cómplices.
A los arrepentidos y que deseen colaborar se les va a imponer una pena de prisión, la cual va a ser controlada en última instancia por el fiscal”. Rodolfo Delgado, fiscal general de la República
Actualmente, el Código Procesal Penal prohíbe conceder el criterio de oportunidad “en el caso de crimen organizado” “a quienes dirijan las organizaciones, salvo que sea imprescendible para probar la intervención de los demás miembros de la cúpula”. Dicho Código permite prescindir “total o parcialmente” de la persecución penal.
La propuesta original de reforma a la Ley del Crimen Organizado incluía un artículo 19-B con la incorporación de una disposición que indicaba: “En los delitos de crimen organizado podrá concederse criterio de oportunidad a quienes dirijan o sean parte de las organizaciones criminales previa verificación de la información proporcionada”.
Dicha disposición fue eliminada ayer luego de una nueva redacción de artículo propuesta por el fiscal general, Rodolfo Delgado.
El criterio de oportunidad ha tenido vicios muy grandes, en un par de casos connotados el principal delincuente fue el criteriado”. Rodrigo Ávila, diputado de Arena
Autorización fiscal.
Según la nueva redacción, el fiscal podrá prescindir de la persecución penal de uno o varios hechos impuestos a alguno de los partícipes si la información es “útil para probar la participación de los miembros de la organización delictiva”.La pena no podrá ser menor de la mitad del mínimo de la pena “a menos que exista autorización expresa del fiscal general de la república en la que se expongan las razones” que lo justifican.
Para no tener ocho tribunales, sino tener un solo juez que se dedique a conocer todas las solicitudes de intervención que tenga la Fiscalía”. Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad
Delgado explicó que a los arrepentidos que deseen colaborar se les impondrá una pena que sería “controlada en última instancia por el fiscal general de la república debidamente justificado y dentro de los parámetros” de la legislación.
El gobierno ha dicho que estas reformas garantizarán que los pandilleros no regresen a las comunidades. Desde el 27 de marzo que inició la vigencia el régimen de excepción se han arrestado más de 54,000 personas señaladas de pertenecer a pandillas o de otros delitos.