La Ley General para la Modernización Digital del Estado fue aprobada anoche con 65 votos a favor y ocho abstenciones Dicha normativa permite que las instituciones del Estado suscriban entre todas contratos o acuerdos de servicios proveídos por Google por “al menos $500 millones durante los ejercicios fiscales.

La normativa faculta a “todas las instituciones del Estado, sus dependencias y organismos auxiliares” para suscribir Acuerdos de Afiliación para contratos o acuerdos con Google que le permitan solicitar servicios de acuerdo a sus necesidades.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, aseguró durante la presentación de la iniciativa a la Asamblea Legislativa que el acuerdo permitirá en los próximos siete años “el poder modernizar áreas claves” y “abrirá oportunidades de mayor inversión, mayores fuentes de empleo, mejor en la calidad de vida de nuestra población”.

Además, la normativa contempla que el “Ministerio de Hacienda deberá coordinar la realización de las adecuaciones financieras” para que las instituciones dispongan de recursos para “la obtención de servicios”.

Servicios de Google.

En un comunicado inicial, Google informó que la alianza con El Salvador contempla la modernización en tres grandes áreas: el “gobierno digital”, salud y educación.

En cuanto al gobierno digital se incluye la ayuda en la digitalización “de forma segura los procesos y proyectos gubernamentales” como “la facturación electrónica, permisos y otras iniciativas” usando Google Distributed Cloud (GDC) por medio de hardware y software para extender “la infraestructura y los servicios de Google Cloud en cualquier lugar”.

Para el área de salud se incluirán “las tecnologías de inteligencia artificial” de Google para brindar “acceso a información en tiempo real para mejorar la experiencia y la salud” de los beneficiarios.

En cuanto a la educación, se busca implementar “una Plataforma de Datos Educativos unificada” para brindar a los administradores, padres y toda la comunidad “las capacidades para recibir información oportuna, eficiente y consistente”.

Adquisición de servicios a Google.

Las instituciones que deseen servicios de Google deben suscribir Acuerdos de Afiliación Individualizados para firmar contratos o acuerdos para servicios. Luego, las instituciones identificarán “las necesidades” de contratación, elaborando los requerimientos específicos del servicio a obtener.

El requerimiento será entregado por la institución solicitante al órgano de administración y gobierno de la Alianza Estratégica.

El gigante tecnológico ofrecerá sus servicios y la institución evaluarán si “cumplen con el requerimiento”.

La institución solicitante deberá remitir a la Unidad de Compras Públicas (UCP) el requerimiento inicial, la propuesta de Google y la disponibilidad financiera.

Con la orden de pedido del servicio, la institución deberá asignar un supervisor para verificar el contrato y elaborar informes de avances.

Además, la institución firmante podrá emitir lineamientos técnicos y normativos para cuando sea necesario.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró durante la discusión de la ley que “ahora empieza un nuevo futuro para El Salvador, me parece aún increíble, de verdad que es un sueño, algo que nos parecía tan lejano, que una empresa como Google estableciera una alianza con El Salvador”.

La diputada de Vamos, Claudia Ortíz, cuestionó “¿dónde está el convenio que se ha firmado? según dice en los considerandos dice que la ley es necesaria para facilitar y hacer posible esa alianza, ¿por qué no viene anexo al decreto?” y aseveró que queda claro que “esto no es inversión, es gasto público”.

Proceso para contratar servicios de Google


1.- Todas las instituciones
> Acuerdo de afiliación individual. Todas las empresas del Estado podrán suscribir acuerdos de afiliación indivi-dualizados para poder acceder a contratados, compromisos y acuerdos de servicios con Google.

2.- Requerimiento de necesidades
> Requerimiento de servicio. Las instituciones que hayan firmado acuerdos individuales con Google podrán presentar requerimientos de los servicios necesarios.

3.- Presupuesto y refuerzos
> Financiamiento de contratos. Para 2023, Hacienda deberá disponer de recursos para asignar refuerzos presu-puestarios para adquirir servicios. Las instituciones deberán incluir estos servicios en sus presupuestos anuales.

4.- Revisión de servicios pedidos
> Supervisor para servicio adquirido. Las instituciones solicitantes de servicios deberán designar un supervisor para verificar el cumplimiento del contrato y rendir informes de avances.