La Fundación Maquilishuatl y la Mesa Departamental de Salud de Sonsonate urgieron públicamente a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley de seguridad alimentaria que obligue al Estado a garantizar la alimentación básica.

Las organizaciones pidieron retomar de forma “urgente” la discusión y aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional presentada por organizaciones comunitarias, campesinas, cooperativas, agropecuarias y ambientalistas en 2008.

Yanira Alvarez, habitante de Sonsonate, dijo que la aprobación es urgente, pues cuando se acercan a las municipalidad a solicitar apoyo ante las crisis alimentarias, les dicen “que no hay ley”.

El artículo 7 numeral cuarto de la propuesta establece que el Estado tiene como obligación la adopción de medidas para satisfacer las necesidades “mínimas” de personas, grupos o colectividades de alimentación adecuada, cuando no puedan suplirlas por sí mismas.

La propuesta, en su artículo 8, plantea la creación del Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinassan), que sería el garante de la alimentación y del derecho a la protección contra el hambre.

Seguro de cultivos.

La propuesta sugiere en el artículo 32 que el Estado a través de la banca nacional cree un sistema de seguro agroalimentario para cubrir las producciones agropecuarias afectadas por desastres naturales, plagas y efectos del cambio climático. Según la Fundación Maquilishuatl, esta propuesta se mantiene vigente, pues la fertilidad de los terrenos es afectada por vulnerabilidad ambiental, inundaciones y contaminación de fuentes de agua por químicos.

Financiamiento.

El artículo 71 de la propuesta de ley obligaría al Ministerio de Hacienda a que incorpore una partida presupuestaria de acuerdo a los instrumentos y mecanismos establecidos en el Presupuesto General del Estado para asegurar el funcionamiento del Tribunal Sancionador.